El Consello de Contas vuelve a afear a la Xunta, en el informe de fiscalización de la Conta Xeral de 2023, su «deficiente» modo de presupuestar por motivos que repite desde hace años, tales como el desplazamiento de gastos entre ejercicios o la falta de justificación de las bonificaciones fiscales, que aumentan un 15% en este caso. A esto se unen reproches como que el 20% de la contratación se realiza en procedimientos sin concurrencia y competencia entre licitadores.

El órgano fiscalizador resume que la Conta Xeral «refleja razonablemente la actividad económico-financiera desarrollada en el ejercicio», aunque pone diferentes reparos al proceder de la Xunta: falta de actualización del marco contable, modificaciones de crédito aprobadas sin financiación clara, incorrecta activación de gastos corrientes, inadecuada valoración del inmovilizado y de las dotaciones y amortizaciones practicadas.

El ámbito de esta Conta Xeral abarca a la Administración gallega general y 70 entidades instrumentales, lo que supone un incremento de dos más respecto al año anterior. Uno de los aspectos recurrentes en cada informe anual es cómo la Xunta desplaza gastos correspondientes al ejercicio a evaluar.

De tal forma, el Consello de Contas advierte de que «se registraron con cargo al ejercicio 2023 gastos de ejercicios anteriores por importe de 79,21 millones de euros, mientras que dejaron de registrarse gastos correspondientes a dicho ejercicio por importe de 39,27 millones de euros, por lo que el resultado presupuestario está infravalorado en 39,94 millones de euros». Y el remanente de tesorería está sobrevalorado en esa cantidad de 39 millones no imputados.

También observa un incremento del fondo de contingencia, que alcanzó en 2023 un total de 187 millones de euros y «sigue empleándose para la cobertura de gastos (principalmente gasto corriente) que son objeto de una deficiente presupuestación».

A renglón seguido, censura que se indique como activos financieros «operaciones por importe de 119 millones de euros destinadas a cubrir déficits de explotación de la CRTVG que debían registrarse como gasto no financiero y, por lo tanto, disminuir el resultado de operaciones no financieras en ese importe».

Paralelamente, el Sergas continúa sin implantar un sistema integral de contabilidad tal y como exige el plan general de contabilidad pública de Galicia.

En el ejercicio 2023, las modificaciones presupuestarias en la Administración general incrementan el presupuesto inicial en un 8%, algo por encima del nivel del ejercicio anterior, con un incremento de las ampliaciones de créditos del 12,9% y de las incorporaciones de crédito del 9%. También persiste el uso inadecuado del programa presupuestario de imprevistos.

Contas expone que «existen incorrecciones por errores en la información de la memoria de esta Conta Xeral, que refleja un déficit de financiación en el ejercicio 2023 (saldo presupuestario corregido con las desviaciones de financiación) en vez del superávit que figura en los estados de ejecución presentados».

El gasto no financiero ascendió a 12.378 millones de euros y los ingresos a 12.149 millones. Respecto del ejercicio anterior, los ingresos crecieron en un 13,57%, por encima de los gastos (12,93%), debido a los mayores recursos del sistema de financiación autonómica. El capítulo de gasto más importante es el de gastos de personal, que suman 4.919 millones

UN 20% DE CONTRATOS SIN CONCURRENCIA En lo tocante a la contratación, con un volumen de 735,11 millones de euros, el 20,11% de ese importe corresponde a gasto realizado sin haber tramitado previamente un procedimiento en competencia de licitadores. Dentro de este, la contratación menor alcanzó un importe de 81,2 millones de euros, lo que representa el 11,05% del total de esa actividad contractual.

Junto a esto, las subvenciones de concesión directa se sitúan en el 52% en el gasto de transferencias, si bien se trata de una reducción respecto al 59% del año anterior. Contas advierte de que este procedimiento «debe dejar de ser el mayoritario para la tramitación de este tipo de gastos».

AUMENTO DE BENEFICIOS FISCALES SIN JUSTIFICACIÓN

Contas identifica un incremento en un 14,7% de los beneficios fiscales autonómicos en 2023, que ascienden a un total de 592 millones de euros.

Aquí pone el foco sobre que el impuesto del patrimonio incrementó notablemente los beneficios fiscales con nuevas deducciones. «No existe en la memoria información sobre la justificación y estimación del incremento de estos beneficios fiscales», lamenta Contas al igual que en años anteriores.

EJECUCIÓN DE FONDOS EUROPEOS INFERIOR AL 50%

Por otra parte, el informe ofrece datos sobre la ejecución de ingresos y gastos de los fondos Next Generation. En el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (tienen un periodo de ejecución de 2021 a 2026), la ejecución acumulada de los ejercicios 2021, 2022 y 2023 (obligaciones presupuestarias) se sitúa en el 46% de los créditos definitivos, con 492 millones ejecutados de 1.069 millones, y en el 32,18% de los fondos asignados por el Estado para el período de programación 2021-2026 (1.529 millones).

Respecto de los fondos React, con un período de programación que va de 2021 a 2023, Galicia tenía asignados a finales de ese último ejercicio 441 millones. Las obligaciones reconocidas a cierre de 2023 ascendieron a un total de 436 millones, lo que representa una ejecución acumulada del 99%.

Entre otros aspectos de gestión, el personal de las consellerías/organismos autónomos y agencias ascendía a 23.983 empleados, de los que un 44,5% eran temporales. De la información disponible sobre la ejecución de las oposiciones, «no pudo concluirse con seguridad razonable la adecuada determinación y suficiencia de las plazas convocadas y cubiertas para situar la temporalidad por debajo del 8%» en aplicación de la ley de reducción de la temporalidad.

RECOMENDACIONES PENDIENTES

Asimismo, el informe incluye diferentes recomendaciones de Contas que todavía están pendientes de aplicación por la Xunta de pasados ejercicios: actualizar el marco contable presupuestario, información sobre los compromisos financieros asumidos para financiar las infraestructuras públicas, revisar los activos inscritos como inversiones destinadas al uso general, consolidar las cuentas de las entidades que integran el sector público, elaborar una aplicación informática que permita obtener datos históricos sobre los saldos deudores, establecer un sistema de supervisión continua de las entidades dependientes, remitir al Consello de Contas un informe anual sobre el seguimiento de los expedientes de reintegro y sancionadores derivados del ejercicio del control financiero.

La lista de cuestiones que no se ejecutaron prosigue con: incorporar en la memoria de la Conta Xeral la ejecución de las previsiones incluidas en el presupuesto de beneficios fiscales, ofrecer información precisa y desglosada sobre los efectivos de personal, depurar los saldos de los derechos pendientes de cobro, remitir al Consello las certificaciones bancarias de las cuentas de habilitación, así como establecer objetivos e indicadores de cumplimiento cuando se creen nuevos incentivos fiscales.

Apunta otras dos observaciones no aceptadas por la Xunta: adelantar el plazo de rendición de la Conta Xeral al 30 de junio y facilitar a Contas un acceso en tiempo real al sistema contable Xumco.

También se establecen dos nuevas recomendaciones: asumir el plan general de contabilidad pública y depurar información del registro de contratos.