Cuatro de los cinco acusados en la pieza central de la Operación Carioca, la mayor trama de prostitución de Galicia, han reconocido este martes en Lugo los cargos en su contra tras alcanzar sus respectivas defensas acuerdos de conformidad con la Fiscalía en la primera vista del juicio final de la macrocausa celebrado en la Audiencia Provincial de Lugo.

Se trata de los tres proxenetas imputados en la pieza final por un delito de cohecho pasivo –José Manuel García Adán, Marcos Grandío Ascariz y Jesús Varela– y del cabo de la Guardia Civil, Armando Lorenzo, el principal encausado, para el que la Fiscalía solicitaba inicialmente una pena de prisión acumulada de 21 años por una decena de delitos –entre ellos el de agresión sexual– y cuya condena final no excederá de los seis años.

En una primera vista reservada para debatir las cuestiones previas del caso y en la que la lectura de las 28 páginas del escrito de acusación del Ministerio Público por parte de la presidenta del Tribunal se ha prolongado durante más de una hora, tanto la Fiscalía como los letrados de los cuatro acusados dispuestos a firmar un acuerdo han reconocido la existencia de «términos de conformidad» entre las partes.

El Ministerio Fiscal, que ha adelantado durante la vista que las nuevas penas previstas en virtud de los acuerdos alcanzados serán inferiores, en todos los casos, a los seis años de prisión, ha anunciado, tras la celebración de un breve receso en la sala para debatir los pormenores de dichos acuerdos, que modificará las peticiones de su escrito al término de la fase de conclusiones.

Será, pues, en la segunda sesión del juicio, señalada para este miércoles en la Audiencia Provincial, cuando se conozcan los detalles de los acuerdos de conformidad alcanzados con carácter previo entre Fiscalía y defensas, si bien las penas previstas para los tres proxenetas procesados se limitarán al pago de una multa.

Con cuatro escuetos «sí, reconozco» han aceptado los cuatro imputados cuyas defensas han llegado a un acuerdo con la Fiscalía los cargos formulados en su contra. Tres de ellos lo han hecho directamente desde el banquillo mientras que el cuarto, García Adán, ha reconocido su culpabilidad desde prisión por videoconferencia. Todos ellos se han acogido a su derecho a responder tan solo a preguntas de la Fiscalía.

«VULNERACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA»

El único de los cinco imputados en la pieza central de la Operación Carioca que se ha negado a firmar un acuerdo de conformidad, Julio Baquero, jefe del Equipo de Mujer y Menores de la Guardia Civil (EMUME) en el momento de los hechos, prestará declaración ante la jueza este miércoles tras la práctica de la prueba testifical.

Su abogado ha solicitado durante el capítulo de cuestiones previas la «nulidad de todas las actuaciones» al asegurar que estas se encontraban «viciadas» desde el inicio de la instrucción, lo que ha motivado la situación de «indefensión» de su cliente.

También ha denunciado el letrado la «vulneración del derecho de defensa» del procesado durante toda la investigación, la existencia de una instrucción del caso «parcial y deficiente» y el «abuso en el uso de testigos protegidos de manera no justificada». «La prescripción de los delitos es clarísima», ha añadido, un punto con el que la Fiscalía ha mostrado su desacuerdo.

CRÍTICAS A LA INSTRUCCIÓN

Antes del inicio de la vista en la Audiencia Provincial de Lugo, los abogados de dos de los proxenetas juzgados, así como una de las letradas de la acusación, han valorado los acuerdos negociados con carácter previo y han coincidido en criticar el largo período de tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación hasta la celebración de la vista de la pieza central de la operación: más de 16 años.

«Este proceso lleva 16 años de instrucción y había que llegar a un acuerdo para que no se dilatase más en el tiempo. Este juicio es un ejemplo de antijusticia, un proceso totalmente inusual que no es justo ni para las víctimas ni para los acusados. Mi defendido lleva cumpliendo condena bastantes años y para él es fundamental que esto acabe aquí», ha manifestado al respecto la abogada del proxeneta García Adán, para acto seguido avanzar que el acuerdo alcanzado con la Fiscalía para su cliente contempla «una multa de 2000 euros».

«Es lamentable, esta instrucción debería exhibirse en las facultades de Derecho de lo que no debe ser la administración de justicia. Una instrucción a cañonazos, a diestro y siniestro, imputando alegremente a un montón de personas sin indicios», ha asegurado, por su parte, el letrado de otro de los imputados, el proxeneta Marcos Grandío Ascariz.

Una tesis, la de las dilaciones indebidas que han acompañado a todo el proceso, que ha esgrimido también en la puerta de la Audiencia Provincial una de las letradas de la acusación: «Considero que la instrucción ha sido excesivamente larga. Las instrucciones tanto para las víctimas como para los acusados tienen que ser lo más breves posibles. Instrucciones tan largas y complejas como esta, en la que ha habido tantas causas derivadas que muchas de ellas han acabado en nada, creo que perjudican a todos», ha valorado.

PROTESTAS EN LA PREVIA DEL JUICIO

En la tarde del lunes, apenas algunas horas antes de la celebración de la primera sesión del juicio de la pieza central de la Operación Carioca, alrededor de medio centenar de personas convocadas por la Plataforma contra la Impunidad del Caso Carioca se han concentrado frente al edificio de los Juzgados de Lugo para denunciar los denominados «acuerdos de la vergüenza» pactados entre Fiscalía e imputados que este martes han comenzado a tomar forma en la Audiencia Provincial.

Una acción colectiva y ciudadana de protesta en la que los manifestantes han empapelado las fachadas de las instituciones de justicia de la ciudad con cartulinas en contra de la «impunidad» de los procesados y en recuerdo de las mujeres víctimas de trata que denunciaron los hechos que dieron origen a la investigación.

Una pancarta con el lema «acordos de Fiscalía, agasallos de cortesía» portada por los asistentes presidió todo el acto de protesta convocado por la Plataforma ‘Impunidade Carioca’.