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Sanidade garantiza la prestación con la intervención pública del servicio de ambulancias de Vigo, Moaña y Cangas

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La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ha confirmado que se han iniciado los trámites para intervenir, desde la administración pública, el servicio de ambulancias de Vigo, Cangas y Moaña, adjudicado a la empresa Ambulancias do Atlántico, y ha incidido en que garantiza la prestación de este servicio esencial.

Así, por primera vez la Xunta de Galicia da el paso de intervenir un servicio concesionado a una empresa, con el fin de garantizar el cumplimiento de dicho servicio, y todo ello tras las denuncias de los sindicatos, que alertan de problemas como retrasos en los pagos de nóminas, falta de liquidez para el repostaje de los vehículos y otros problemas de suministro.

Desde el 061 han trasladado que son «conscientes de la preocupación» de los trabajadores de Ambulancias do Atlántico, que están trabajando «de forma responsable y comprometida», y han subrayado que la intervención pública «está en marcha», aunque es un trámite administrativo «complejo».

Ante esta «situación excepcional», han asegurado fuentes de la fundación pública, se están adoptando «todas las medidas legalmente previstas» para garantizar la prestación de este servicio «esencial» y las condiciones laborales de la plantilla, de unos 260 trabajadores.

Ambulancias do Atlántico resultó adjudicataria de los contratos para efectuar el transporte sanitario (urgente y programado) en las zonas de Vigo, Cangas, y Moaña, y dichos contratos está ahora en situación de prórroga. De hecho, desde la administración se ha apuntado que está en trámite la licitación de un nuevo contrato. Con todo, y mientras tanto, han insistido fuentes sanitarias, Sanidade garantiza la prestación del servicio «las 24 horas» y han enviado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

CONVOCATORIA DE HUELGA

Mientras, el conflicto laboral en la empresa continúa y los sindicatos CC.OO., CIG y USO han convocado huelga para los días 2 y 3 de mayo, tras denunciar los retrasos e impagos de sus salarios, además de otros problemas laborales.

Así, desde la CIG han advertido de que la empresa, cuyo responsable está «desaparecido», debe dinero a la Seguridad Social, a los proveedores de combustible, a entidades financieras, talleres, y tiene deudas también del alquiler de sus instalaciones y otros conceptos. Este sindicato estima que esa deuda supera el medio millón de euros.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la orden por la que se determinan los servicios mínimos con motivo de esta huelga, y que se han fijado en el 100 por 100, es decir, deben estar operativas las cuatro bases del área sanitaria (dos en Vigo, una Cangas y otra en Moaña) con 10 vehículos para el transporte sanitario urgente: una ambulancia de soporte vital básico las 24 horas en cada una de las dos bases de O Morrazo; y dos ambulancias de soporte vital avanzado (una medicalizada y otra con enfermería) y 6 ambulancias de soporte vital básico las 24 horas, en el caso de Vigo.

Igualmente, se establece una cobertura del 100 por 100 en el transporte interhospitalario urgente o inaplazable, en el transporte de enfermos con tratamientos oncológicos, en consultas externas urgentes o pruebas diagnósticas urgentes, etc.

La Xunta expone que el ejercicio público de la prestación de asistencia sanitaria no puede verse afectado gravemente por el legítimo derecho de ejercer la huelga, ya que esa prestación sanitaria se considera prioritaria. Los sindicatos ya han tildado de «abusivos» estos servicios mínimos.

Por último, cómpre subliñar que a Fundación Pública Urxencias Sanitaria de Galicia-061 garante a atención ás urxencias e ás emerxencias sanitarias no medio extrahospitalario as 24 horas, os 365 días do ano, nos concellos de Vigo, Cangas do Morrazo e Moaña. Aínda no caso de folga, xa que a prestación de servizos esenciais para a poboación, como é o caso do servizo de transporte sanitario urxente na Comunidade Autónoma de Galicia, establece uns servizos mínimos do 100% durante as xornadas ou os períodos de folga para que a cidadanía non se vexa privada do seu dereito a recibir a asistencia sanitaria máis adecuada ás súas necesidades.

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