La Asociación Eólica de Galicia ha defendido que el procedimiento de proyectos en Galicia «es absolutamente garantista y legalista» y que las tramitaciones ambientales se realizan «de la misma forma» desde hace 25 años «y nunca hubo problemas».

Así lo recoge un comunicado emitido este miércoles, dos días después de conocerse que Fiscalía investiga si informes de declaraciones de impacto ambiental relativos a parques eólicos en Galicia fueron elaborados, en algún caso, por personas vinculadas a las empresas promotoras de los citados parques.

«El procedimiento que se sigue en Galicia es absolutamente garantista y legalista. Llevamos veinticinco años haciendo las tramitaciones ambientales de la misma forma y nunca hubo problemas, y las hacemos exactamente igual que en el resto de las autonomías, no somos diferentes», señala la asociación que representa a promotoras de proyectos eólicos en Galicia.

En la nota, defienden que «la certeza y seguridad jurídica son indispensables para que los promotores eólicos y las inversiones industriales sigan apostando por Galicia», ya que las empresas «solo se instalan donde se produce energía barata».

Sostienen que el impulso a la energía eólica en Galicia está «completamente paralizada desde hace años» porque «70 proyectos de aerogeneradores, que suponen alrededor de 3.000 MW de potencia, están afectados por su judicialización».

Añaden que los promotores esperan «a que el Tribunal Superior de Galicia se pronuncie sobre todos los recursos, toda vez que el Tribunal Supremo anuló la sentencia del Superior gallego en el caso de Corme, validando la tramitación ambiental ejecutada por los funcionarios de la Administración gallega».

INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA

La investigación de Fiscalía comenzó tras una denuncia del Sindicato Labrego Galego (SLG) en relación a la tramitación de los parques eólicos, en torno a 120, y en relación a la autoría de las declaraciones de impacto ambiental realizadas a finales de 2022 y principios de 2023.

Fuentes del SLG han explicado a Europa Press que analizaron «muchas» de ellas y comprobaron, en algunos casos, al mirar los metadatos, que aparecían «personas de referencia de las empresas que promovían esos parques» en documentos que sí estaban firmados por el funcionario público correspondiente.

En concreto, han asegurado que en dos de ellos comprobaron que aparecían personas vinculadas con las empresas promotoras de los parques, el de Serra da Piñeira y el de Banzas. «Llegamos a sospechar que estas evaluaciones partiesen de las propias empresas», han indicado sobre la posible autoría y al asegurar que no descartaron otros casos y que eso motivó la denuncia.

VERSIÓN DE LA XUNTA

«En otros casos, los metadatos nos hacen sospechar pero no son tan evidentes», han aclarado desde el Sindicato Labrego Galego en contraposición con la postura de la Xunta que, consultada también por Europa Press, asegura que las declaraciones de impacto ambiental (DIA) «son elaboradas siempre por técnicos de la Xunta de Galicia».

«Ya aportamos a la Fiscalía las aclaraciones que nos pidió y vamos a seguir colaborando en todo lo que nos solicite para dejar claro que se cumple la ley en todo el procedimiento».

Además, precisa que las DIA «se redactan tomando como base otros documentos elaborados previamente, entre los que se encuentran informes presentados pro el promotor en formato PDF, que forman parte del expediente y que tienen que incluirse en la declaración de impacto ambiental».

«En la práctica, puede producirse la transferencia de metadatos, datos adicionales que no están a la vista y que aparecern al acceder a las propiedades, de unos documentos a los otros», apostilla la Consellería de Medio Ambiente.

Además, recalca que un informe de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) entregado a Fiscalía «determina que una de las operaciones en la que se trasladan metadatos, como el nombre del autor, de un documento a otro es la copia de elementos de un PDF a un documento de Libre Office, que es una de las operaciones que se realizan en el proceso de elaboración de las DIA».

«Por lo tanto, ese arrastre de metadatos es lo que provoca que se transfiera la autoría de un documento a otro, apareciendo como autores personas que nada tuvieron que ver con la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental».