El Ministerio de Sanidad implantará el próximo miércoles el uso obligatorio de mascarillas en hospitales y centros sanitarios, después de que no haya llegado a un acuerdo con comunidades autónomas, en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), sobre la obligatoriedad de su uso de la mascarilla en centros sanitarios, residencias y farmacias ante el repunte de infecciones por virus respiratorios.

Fuentes del departamento que dirige Mónica García han confirmado a Europa Press que esta medida se toma en cumplimiento del artículo 65 de la ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que permite la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública.

Las mismas fuentes han precisado que la medida se toma únicamente para hospitales y centros de salud, no en centros sociosanitarios o farmacias, como estaba incluido en la propuesta presentada en el consejo interterritorial.

Ante la falta de acuerdo en la reunión de la mañana, Sanidad ha abierto un plazo de alegaciones por el que, en las próximas 48 horas, las CCAA podrán hacer llegar sus propuestas al documento presentado por el Ministerio, como puede ser ampliar esta medida a las farmacias.

«Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras pre-pandemia. Desde este Ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogenizar la protección de la salud», ha insistido García en declaraciones a los medios, una vez acabada la reunión.

García ha defendido que es una norma «efectiva, de sentido común, avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población».

Si bien el pasado viernes Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia anunciaron la implantación del uso obligatorio de las mascarillas en estos centros, otras CCAA han mostrado su oposición a esta medida, ya que prefieren no pasar de la recomendación. Por otro lado, Aragón, que anunció la obligatoriedad solo para el personal sanitario, ha ampliado su uso también a los pacientes en salas de espera.

En este sentido, Sanidad también ha planteado durante el encuentro de esta mañana la necesidad de dar «un soporte jurídico», a través de una declaración de actuación coordinada, a todas aquellas comunidades «de diferentes colores políticos» que ya han introducido la mascarilla en sus sistemas sanitarios.

Entre las comunidades que se posicionan en contra, destacan Castilla y León. Su consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha destacado también que la convocatoria de esta reunión «llega tarde». No obstante, ha defendido que la comunidad cuenta desde hace años con planes de contingencia invernal para hacer frente al incremento de casos de patologías respiratorias.

Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha asegurado que las mascarillas seguirán siendo obligatorias para «proteger a las personas vulnerables» hasta el momento en el que la incidencia permita una desescalada.

Sin embargo, coincide con su homólogo de Castilla y León en sus críticas a la reunión de este lunes. Para el consejero, ha sido un CISNS «verdaderamente decepcionante, improcedente e innecesario», porque se ha creado en la población una sensación de alerta que «no se correspondía con la realidad». Según Bancalero, ha generado «incomodidad» y «rechazo» entre todas comunidades autónomas, «de todos los colores».

Madrid mantendrá la recomendación de usar mascarilla en los supuestos contemplados desde que finalizara la pandemia en julio de 2023, es decir, ante síntomas y para personas especialmente vulnerables, y ha censurado que el Ministerio de Sanidad haya adelantado las propuestas y medidas que ha llevado a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) «a través de canales no oficiales».

En declaraciones a los medios tras el encuentro, la consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha recalcado que «todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña», han coincidido en recomendar el uso de mascarillas «de forma responsable» en los supuestos que ya están indicados desde que finalizara en la pandemia en julio de 2023.

De igual forma, País Vasco también ha criticado la falta de criterios técnicos de la reunión. Además, ha reclamado que cualquier propuesta que se presente «debería respetar las competencias de País Vasco en materia de Salud» y estar «avalada» por la Ponencia de Alertas y la Comisión de Salud Pública.

En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha señalado tras la reunión del Consejo Interterritorial que País Vasco «no comparte, como gran parte del resto de las Comunidades Autónomas, ni la forma, ni parte del contenido, de la convocatoria que el Ministerio de Sanidad ha realizado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud».

La consejera de Salud de La Rioja, María Martín, ha afirmado que la obligación de llevar mascarilla en espacios «vulnerables», como centros sanitarios, farmacias, residencias o centros escolares, debe depender de la incidencia de las enfermedades respiratorias, aunque la ve «recomendable».

En declaraciones a los medios, Martín ha apuntado, como primera valoración del encuentro, que «se ha percibido un enfado generalizado» entre todas las comunidades, «de todos los colores políticos».

Un disgusto que, en primer lugar, se ha debido a la premura de la convocatoria, «que se hizo el viernes por la tarde», y sin los documentos necesarios «hasta las 10 menos cuarto de hoy, cuando ya estábamos reunidos», y que, en cualquier caso, es una reunión «que llega ya tarde».

Y, en segundo término, por el uso de la palabra «colapso» por parte de la ministra, «porque ni una sola de las CCAA presentes ha reconocido que hubiera habido colapso en el sistema sanitario autonómico correspondiente», ante lo que ha afeado que «se lleva a una alarma innecesaria y ni es real ni es verdad».

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, también ha mostrado su descontento con la reunión. A su juicio, estas decisiones deben tomarse en primer lugar en la Ponencia de Alertas y en la Comisión de Salud Pública, donde se elabore un documento donde se establezcan niveles de alertas o indicadores, entre otros, para posteriormente ser avalado en el Consejo Interterritorial.

Por este motivo, Andalucía ha votado en contra del documento propuesto «al carecer de rigor técnico», según ha recogido la Consejería en una nota de prensa.

En la misma línea, el consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ve «desproporcionada» la intención que tenía Sanidad de poner la mascarilla obligatoria en centros sanitarios, residencias y farmacias, aunque no se opone a que se aplique en comunidades «que lo precisan». Al igual que sus homólogos, ha reclamado que cualquier medida al respecto se base en «criterios técnicos».

«La práctica unanimidad de los consejeros han criticado a la ministra por el intento de usar el CISNS como si fuera su cuenta de Twitter o una pancarta de una manifestación», ha proclamado García Comesaña, quien ha criticado el carácter «apresurado» de la convocatoria y el hecho de que García anunciase los temas a abordar «fuera» del propio órgano y sin convocar primero ni la Ponencia de Alertas ni la Comisión de Salud Pública.

Por otro lado, Baleares no descarta imponer la obligatoriedad del uso de la mascarilla en hospitales y centros sanitarios si la incidencia de virus respiratorios experimentara un crecimiento en los próximos días o semanas, aunque de momento se mantiene en la recomendación de su uso, mientras Navarra aconseja el uso en centros sanitarios, sociosanitarios y para aquellas personas con síntomas respiratorios, en especial si se encuentran en lugares cerrados.