El número de solicitudes de eutanasia formalizadas en Galicia, desde la entrada en vigor en 2021 de la ley orgánica que regula este procedimiento, ascienden a 58, de las que, a junio de este año, 21 contaron con informe favorable.

Así lo han informado a Europa Press desde la Consellería de Sanidade, tras el último caso judicializado, el de una mujer de Santiago con esclerosis múltiple cuya madre trató de que se paralizase la intervención pedida por su hija, aunque sin éxito.

Del total de solicitudes recibidas, se denegaron tres, mientras los pacientes revocaron en ocho ocasiones. «Las restantes se corresponden con exitus por causas ajenas a la prestación — precisa Sanidade en relación al fallecimiento del solicitante antes del procedimiento pedido — o que están en curso».

Todas han sido en base a la ley orgánica de regulación de la eutanasia, aprobada a nivel estatal, y que reconoce, a toda persona que cumpla las condiciones exigidas, el derecho a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir estableciendo el procedimiento que debe seguirse y las garantías a observar, entre ellas la evaluación del caso por parte de un equipo de profesionales.

Las peticiones más numerosas son de personas de los grupos de 50 a 59 años y de 70 a 79 años. El 58,6% fueron realizadas por hombres frente al 41,4% correspondientes a mujeres. La patología más frecuente que motivó la petición fue la neurológica (50%), seguida de la oncológica (31%).

IMPLANTACIÓN EN GALICIA

Sobre la situación en la comunidad autónoma gallega, el presidente en Galicia de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Miguel Anxo García, remarca que la aplicación de la citada ley «comenzó con retraso en Galicia debido a la lentitud de la Xunta en la promulgación de las disposiciones legales autonómicas necesarias para la constitución de la comisión de garantía y evaluación».

«Una vez constituído ese órgano, finales del verano de 2021, comenzó a ser posible acceder al nuevo derecho». «En un primer período identificamos dificultades y retrasos en la asignación de médico/a responsable, que ocasionó problemas a personas que solicitaban el inicio del procedimiento de evaluación necesario» para acceder al reconocimiento de este derecho.

«Progresivamente se fueron resolviendo dificultades y, desde hace ya meses, no tenemos noticias de incidencias», explica para precisar que su principal fuente de obtención de datos a este respecto son las personas que les solicitan información o apoyo en los trámites del proceso.

«Pero aún hace menos de un año que hemos asistido con preocupación a la situación de una persona, a la que se le reconoció el derecho y a la que se le aplazó la prestación, en el día anterior al acordado, por razones de no disponibilidad del kit farmacológico y esto ocurrió con la misma persona en dos ocasiones sucesivas», apunta.

Desde Derecho a Morir Dignamente, su presidente califica esto como «excepcional, pero intolerable y causante en sí mismo de sufrimiento evitable». No obstante, añade que en la actualidad no tienen noticias de situaciones comparables.

OBLIGACIONES SIN CUMPLIR

Con todo, advierte de que «disposiciones de obligado cumplimento no se están cumpliendo: no se realizó por el Sergas el informe anual de 2021 ni el de 2022 y, por lo tanto, no se pudo dar a conocer públicamente». «A finales del mes de octubre en la web de Sergas se colgaron dos diapositivas con datos, pero eso no es el informe, basta compararlo con el de Cataluña, Euskadi, Asturias o Navarra, por ejemplo», apostilla.

Miguel Anxo García incide en que esto es importante «porque no se posibilita la participación ciudadana en la implantación y consolidación de un nuevo derecho, es más que una cuestión de transparencia, es impedir participación conforme a lo regulado». «La ausencia de informe de calidad hace que no podamos concluir con seguridad sobre el estado actual de la implantación del nuevo derecho», asevera.

TESTAMENTO VITAL

En la misma línea, señala que «tampoco se ha promovido el registro del testamento vital como indica la ley, las instrucciones previas en los términos de la Administración Autonómica de Galicia». «Y eso contribuye a un acceso más restringido a los derechos de decisión sobre los tratamientos y, en su caso, sobre el acceso a la eutanasia, de darse pérdida de capacidad de la persona para decidir».

Por otra parte, indica que la comunidad gallega es «la cuarta por la cola» en número de testamentos de este tipo, en alusión a un dato que, según el Ministerio de Sanidad, se sitúa en torno a unas 14.500.

Mientras, demanda formación a los profesionales e información y difusión de este derecho a la ciudadanía. «El Sergas habla de más de tres mil receptores de formación, no identifica la cualificación, pero la misma es casi en exclusiva online», un formato que desde la asociación cuestionan. También pide «información y promoción» del testamento vital», así como «aumentar los puntos de registro».

Frente a las reivindicaciones a la administración, el presidente de DMD-Galicia alude a las charlas y coloquios que la asociación ha promovido en colaboración con otras entidades, pacientes o sindicatos. «Hemos informado directamente en esos actos a más de 1.200 personas», explica.