Uno de cada tres adolescentes gallego es víctima de acoso escolar, bien porque lo sufre o porque es él mismo quien lo ejerce, aunque apenas el 3,5 por ciento diría que lo está sufiendo, porcentaje que es incluso más bajo (1,6%) si ese acoso se realiza a través de las tecnologías.

Se trata de datos de Unicef España relevados con motivo del Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso, este jueves 2 de noviembre.

En Galicia, la tasa estimada de victimización del acoso escolar se sitúa en el 33,7%, en el que están incluidas las víctimas puras y las víctimas agresoras. De hecho, más de la mitad de los adolescentes que sufren acoso también lo ejerce.

En ciberacoso, la tasa de víctimas alcanza el 21,8%, siendo mayor el de víctimas agresoras (11,3%) mayor que el de víctimas puras (10,5%), lo que para Unicef evidencia que en Internet «es más común acosar que ser acosado».

Además, la ONG subraya la baja consciencia sobre actos de acoso que tienen los adolescentes, como se extrae del hecho de que un elevado porcentaje de acosados (más de la mitad), reconoce también que lleva a cabo este tipo de conductas que «muy a menudo» no son reconocidas como tal.

Así, únicamente el 3,5% de los adolescentes gallegos diría que sufre acoso escolar, tasa que desciende al 1,6% en cuanto al que se ejerce a través de las redes.

MEDIDAS

UNICEF España ha señalado que, para garantizar la protección de niños y adolescentes en el ámbito educativo, «es fundamental activar de manera completa y correcta la figura del Coordinador de Bienestar y Protección en los colegios».

Con motivo de la celebración del Día internacional contra la violencia y el acoso en la escuela, incluido el ciberacoso, este jueves 2 de noviembre, la ONG recuerda que los centros escolares «tienen una función protectora fundamental para el desarrollo de la infancia».

Así, el especialista en Educación de UNICEF España, Óscar Belmonte, explica que la nueva figura del coordinador de Bienestar y Protección «tiene la función de garantizar la respuesta institucional del centro frente a la violencia».

Una respuesta que según la legislación debe ser, según apunta el experto, «preventiva integral y coordinada». Para Belmonte, el éxito de esta figura «no depende de su capacidad individual ni de su voluntad, sino de que se desarrollen las condiciones adecuadas para el cumplimiento de su función».

Por ello, reclama un marco de referencia para la organización y desempeño de sus funciones, la formación adecuada, una dedicación de horas suficientes y retribuidas, respaldo institucional y el apoyo de la comunidad educativa.

Según datos del estudio ‘Impacto de la Tecnología en la Adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades’, elaborado por UNICEF España en 2021, la tasa de victimización de acoso escolar estimada se sitúa en el 33,6%, y la de ciberacoso en el 22,5%.

No obstante, la organización advierte de que «no todos los casos de violencia contra la infancia se computan, no todas las víctimas denuncian y, además, se sigue produciendo una normalización de determinadas formas de violencia que quedan invisibilizadas».

Para mejorar los datos y prevenir la violencia en los centros escolares, UNICEF España pide a las administraciones educativas movilizar los recursos necesarios para impulsar acciones en tres áreas: normativa, para que la labor de los coordinadores no dependa de la voluntad o las capacidades individuales del personal educativo, sino de un desarrollo adecuado de sus funciones y condiciones; formativa, dotando de formación específica a los coordinadores, y genérica a toda la comunidad educativa; y de datos, con la puesta en marcha del registro censal de información sobre la violencia contra la infancia y la adolescencia que permita conocer la magnitud del problema y abordarlo de manera coordinada.

La ONG trabaja en España para promover un entorno escolar seguro, a través de acciones como el fortalecimiento de la respuesta institucional de los centros educativos frente a la violencia, a través de programas como el de Centros Referentes en Derechos de Infancia; del fortalecimiento de los servicios comunitarios municipales para reducir las situaciones de riesgo para la infancia, mediante un proyecto piloto en varios municipios; y de una colaboración con la Policía Nacional.

También apuesta por la formación del profesorado para impulsar la integración de los derechos de infancia en el ámbito educativo y contribuir así a la prevención de la violencia; y de los Coordinadores de Bienestar y Protección, mediante una guía con recomendaciones para implantar la LOPIVI en el entorno educativo, otra guía formativa con las claves para comprender la violencia contra niños, niñas y adolescentes y para desarrollar medidas de protección eficaces, formaciones en las comunidades autónomas sobre protección en centros educativos y la figura del coordinador, y una ‘caja de herramientas’ prácticas (en colaboración con el British Council) que facilitará la labor del personal encargado del bienestar y la protección en los centros educativos.