La plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ha respondido a la intervención del fiscal este miércoles en el juicio ironizando con que «seguramente una llamada corporativa de su jefe ha sido la causa directa» de su cambio de postura, al retirar la acusación al ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, por el análisis de riesgos de la línea en la que murieron 80 personas y 145 resultaron heridas.

En un comunicado remitido a los medios de comunicación bajo el encabezado ‘El caso Alvia, la maquinaria del Estado y las llamadas que lo cambian todo’, la plataforma critica que el fiscal haya retirado esa acusación –la mantiene contra el maquinista– y añade que, por su parte, «RTVE continúa la censura», en referencia al documental sobre el siniestro ferroviario.

«Se cumplen 10 largos años luchando por destapar todo lo que hay detrás de esta tragedia, exigiendo que se depuren responsabilidades a todos los niveles, peleando contra las instituciones implicadas y contra el propio Estado, que han empleado todos sus medios para ocultar las negligencias y los incumplimientos de la normativa que hay detrás del desastre de la tragedia», advierten las víctimas en la nota de prensa.

Tras conocer este martes la que denominan «última maniobra orquestada por la Fiscalía», por la retirada de la acusación contra Adif «sin ninguna razón de peso, ya que durante la fase oral se vio con más claridad los incumplimientos normativos de seguridad», censura que este miércoles ha afirmado que la llamada que atendió el maquinista «es la única causa del accidente».

«El fiscal nos dice a la ciudadanía que el que se produzca una catástrofe de esta magnitud en un tren de alta velocidad depende de si se hace esa llamada o no. La explicación de este giro de guión es sencilla, el fiscal, cuyo jefe es nombrado por el Gobierno, estaba acusando a un organismo (Adif) que pertenece al Estado, y al que precisamente defiende la propia Abogacía del Estado, cuyo jefe también es nombrado por el gobierno», destaca.

En este sentido, afirma que «seguramente una llamada corporativa de su jefe ha sido la causa directa de este cambio del fiscal, y de que hoy –por este miércoles– en sede judicial haya dicho a los presentes que ‘probablemente’ no ha ‘conseguido’ trasladar por qué ‘antes decía una cosa y ahora otra’, y ha añadido ‘que le ha costado hacerlo».

«Una vez más, el Estado vuelve a la casilla de salida, al pacto de la curva de los diferentes gobiernos para señalar al maquinista como único culpable, lo que desbarató la Unión Europea», advierte la plataforma.

Según indica, «la maquinaria del Estado ha venido trabajando a lo largo de estos años de diferentes maneras». Así, «a nivel judicial se ha vivido la ocultación y demora en la entrega de documentos, el cambio del juez por parte del Consejo General del Poder Judicial, la imposición de peritos por la Xunta, la inacción de los fiscales, etcétera», enumera.

«Los diferentes gobiernos no han cumplido con la obligación de llevar a cabo una investigación técnica independiente tal y como ha venido reclamando la Unión Europea. Se han abiertos procedimientos de infracción por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria y hemos constatado las presiones a la Unión Europea para impedir la publicación del informe», prosigue.

Las víctimas señalan que «durante años el Estado ha trabajado para eximir la responsabilidad de quienes fueron negligentes, tratando por todos los medios de echar toda la culpa al último eslabón de la cadena, el maquinista, evitando cualquier tipo de responsabilidad y contaminando a la opinión pública».

CONCENTRACIÓN ESTE VIERNES

«Prueba irrefutable de todo ello» es a su juicio «que la televisión pública censura el premiado documental ‘Frankenstein-04155’ que una productora independiente hizo sobre la tragedia».

Al respecto, informa de que el octubre pasado la actual presidenta de RTVE, Elena Sánchez, «se comprometió por escrito a visionar junto al comité de dirección de RTVE el documental y a trasladar su decisión».

«La decisión es clara si tenemos en cuenta quién propone y elige al comité de dirección: censurar su emisión y que la opinión pública conozca sólo la ‘verdad oficial’. Seguramente se habrá producido alguna llamada corporativa», concluye.

El viernes 23, esta plataforma se concentrará ante RTVE para denunciar «todas estas maniobras» y entregará más de 70.000 firmas a Elena Sánchez y al comité de dirección para que se emita el documental.