La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia (Adega) ha avanzado la presentación de acciones jurídicas contra otra treintena de proyectos eólicos previstos en la comunidad gallega, en lo que plantea como una «dura batalla» para frenar un modelo que considera «depredador» del territorio.

Estos recursos, según han adelantado la secretaria ejecutiva de la asociación, Belén Rodríguez, y el profesor de Derecho Fernando de Abel Vilela, irán, en algunos casos, en la línea del que plantearon contra el proyecto de Greenalia entre Coristanco y Santa Comba, el denominado parque de Campelo, cuya autorización acaba de ser anulada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en lo que valoran como una «victoria» frente a una «ilegalidad».

Es «la primera vez en la historia del desarrollo eólico de Galicia», en palabras del experto en derecho, que «se consigue que se pare» una iniciativa «antes de que se cause un destrozo ambiental», daños que, en palabras de la responsable de Adega, en ocasiones son «irreversibles».

Esto es así, según destacan, gracias a la petición de medidas cautelares, que supusieron en el caso de este parque su paralización a finales del año pasado.

«No vamos a recurrir por sistema», ha precisado Fernando de Abel Vilela, después de asegurar que estudian «cada proyecto, caso por caso», si bien entre los en torno a 75 promovidos en los últimos meses en Galicia «hay cuestiones que se repiten», como la que ven una «fragmentación artificial» de las iniciativas.

El «quid», ha incidido, está en las declaraciones ambientales, que es lo que analizan y lo que da lugar a que tengan ocho campañas de recogida de fondos en marcha para recurrir ocho proyectos. En «las próximas meses» iniciarán «otras 20 y pico» campañas, aunque constatan que este es un proceso que durará «meses».

De media, calculan que necesitan entre 6.000 y 7.000 euros por recurso, para asumir el gasto en informes periciales, solicitud de cautelares, etcétera, y llevan acumulados más de 11.000 en las dos últimas semanas, motivo por el que han agradecido y llamado al «apoyo social», que es «clave».

«NO ESTÁ CAPACITADO»

Para el profesor de Derecho Fernando de Abel Vilela, el conselleiro de Industria, Francisco Conde, «no está capacitado» para el cargo, toda vez que anunció el pasado viernes que la Xunta recurrirá la anulación de la autorización administrativa previa y de construcción.

En este sentido, ha cargado contra lo que considera una «política kamikaze» debido a la responsabilidad patrimonial que entiende que reclamará la empresa si el Tribunal Supremo ratifica la sentencia.

Fuentes de Greenalia consultadas por Europa Press, por su parte, se limitan a indicar que la compañía, con gastos en este proyecto también referidos a la compra de aerogeneradores, estudia la sentencia.

«EN MUCHOS OTROS PROYECTOS»

Por su parte, Ernesto Díaz, el portavoz de la plataforma para la defensa de la cordillera cantábrica, que fue la otra entidad que presentó el recurso contra Campelo con Adega, ha sido el que ha valorado que el fallo «puede tener connotaciones en muchos otros proyectos en tramitación en todo el estado».

«No está en discusión el proceso de descarbonización. Está en discusión el modelo de implantación de las energías renovables», ha hecho hincapié.

El alto tribunal gallego estimó, en concreto, el recurso presentado por Adega y esta plataforma contra el acuerdo del Consello de la Xunta de 18 de noviembre de 2021 por el cual se concedió la autorización al parque. Con anterioridad, el TSXG ya había paralizado de forma cautelar este parque eólico a finales de 2022.

Los 30 parques que piensan recurrir se localizan por todo la geografía gallega y afectan a zonas como Os Ancares, O Courel, Terra de Montes-Tabeirós, A Baña y Val do Dubra, entre otras.