La Consellería de Política Social efectuó más de mil inspecciones en centros de servicios sociales, casi la mitad en residencias de mayores, según ha explicado la secretaria xeral, María Francisca Gómez, en una comparecencia en la Comisión Institucional de Administración Xeral, Xustiza e Interior del Parlamento gallego.

Lo ha hecho en respuesta a una pregunta planteada por el diputado del BNG Iago Tabarés en la que ha recordado que en octubre ya presentaron diversas iniciativas para solicitar información sobre las inspecciones realizada en las residencias para mayores de Nogueira de Ramuín, Chandrexa de Queixa, Esgos, Montederramo y Monterrei, en la provincia de Ourense, durante los años 2017 a 2022, ambos inclusive.

«En qué se ha desatendido a estas personas», ha planteado Tabarés, que ha pedido también explicaciones sobre la superación del límite de ocupación o por otras cuestiones como la cuantía de las sanciones.

La secretaria xeral ha aludido, en referencia a las irregularidades detectadas, a «deficiencias en las instalaciones, falta de registro de obligado cumplimiento o no cumplir con los ratios de personal». Con todo, ha dicho que, tras la apertura de los expedientes sancionadores, se procedió al pago de sanciones por las empresas que las gestionan.

Mientras, se ha referido a las inspecciones en los centros para asegurar, ha manifestado, que todos los centros den una «atención idónea». Desde el BNG, el parlamentario Tabarés le ha reprochado falta de concreción, a su juicio, en la respuesta ofrecida.

«Es un derecho democrático básico que se está incumpliendo al no contestar», ha asegurado, postura rechazada por la representante de Política Social.