La asociación Hablamos Español ha iniciado procedimientos administrativos en Cataluña, Galicia, Baleares y en la Comunidad Valenciana para «devolver» el castellano a los espacios sanitarios públicos ante la «imposición» lingüística en estas comunidades con cooficialidad.

Según han detallado en un comunicado, al inicio de este procedimiento también van a llevar a cabo acciones de «presión y concienciación», así como una ronda de contactos con los responsables de Sanidad de estas comunidades autónomas.

«Nos hemos propuesto devolver el español a los hospitales y a los centros de salud. La exclusión del español de un ámbito tan sensible, es una buena muestra de lo absurdas y fanáticas que son las políticas lingüísticas llamadas normalizadoras, ¿hay algo más normal que poder trasladarte por tu país viendo la lengua oficial común en todos estos espacios?», ha expuesto la presidenta de la asociación, Gloria Lago.

Hablamos Español considera que la «imposición del catalán» en la administración sanitaria es el caso más grave «por lo sorprendente, entorpecedor y absurdo» que supone eliminar una lengua oficial y hablada en toda España, de la señales y documentos en un ámbito que afecta a la salud.

«La eliminación del español de los espacios sanitarios sostenidos con fondos públicos es casi absoluta en Galicia y Cataluña, está muy extendida en Baleares y va ganando terreno en la Comunidad Valenciana», han avisado, a la par que han precisado que por ahora se salvan Navarra y País Vaco. Aunque en esta última les preocupan «los cambios legislativos que se están gestando para implantar un sistema lingüístico en la educación similar al catalán».

Asimismo, la asociación ha entregado en los diferentes departamentos de Salud un ‘Informe visual para incrédulos’ con pruebas gráficas y un análisis de la falta de cumplimiento de la cooficialidad lingüística en estas comunidades y que «va más allá de la rotulación, documentación y campañas sanitarias».

Según han argumentado, el equipo de abogados de Hablamos Español basa su fundamentación jurídica en la Constitución española, en sentencias del Tribunal Constitucional y en tratados internacionales ratificados por España.