La Fiscalía de Madrid pide al Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid que archive la querella presentada por Francisco Franco Martínez-Bordiú contra la jefa del servicio de conservación de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, Pilar Benito García, al considerar que el informe que redactó sobre la titularidad de los bienes conservados en el Pazo de Meirás «estaba amparado judicialmente» y no concurrió ningún ilícito penal en su elaboración.

En un escrito de 23 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público se adhiere al recurso de reforma presentado por la Abogacía del Estado y reclama el archivo del procedimiento.

Así, la Fiscalía coincide con los argumentos de los servicios jurídicos del Estado, que sostenían que los hechos descritos en la querella «no son constitutivos de los delitos denunciados y por ende debe revocarse el auto impugnado que admite la querella y acuerda la práctica de diligencias».

La familia Franco dirigió acciones legales contra Benito García por la presunta comisión de un delito de prevaricación, estafa procesal y falsedad documental en relación con la elaboración del informe de fecha 27 de noviembre de 2020 y un delito de revelación de secretos en relación con la difusión de dicho informe en el diario.es el día 7 de diciembre de 2020.

En concreto, acusan a Benito García de llevar a cabo un informe falso –en el marco del procedimiento que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia de A Coruña– con ánimo de perjudicarles y fuera de las funciones encomendadas que además ha remitido a medios de comunicación. Se refieren al informe sobre la titularidad de los bienes muebles conservados en el Pazo de Meirás.

«UN MANDATO JURISDICCIONAL»

La jefa del servicio de conservación asegura en el documento que los muebles relacionados en el mismo e inventariados en el Pazo de Meirás, proceden «sin género de dudas» de Patrimonio Nacional y de fundaciones u organismos dependientes de aquella entidad, y que por tanto, serían titularidad de dicho ente público.

En su escrito, la Fiscalía entiende que el informe elaborado por Benito García «estaba amparado judicialmente, en el seno del referido procedimiento, sin que quepa sostener cualquier tipo de arbitrariedad en su elaboración, al ser consecuencia de un mandato jurisdiccional en relación a un procedimiento concreto y sin que quepa por tanto argumentar la concurrencia de ningún ilícito penal en su elaboración».

«SOLO EXISTEN MERAS SOSPECHAS»

Sobre la queja de la familia Franco de que el informe fuese publicado en un medio de comunicación, el Ministerio Público asegura que «no se ha podido indicar ningún tipo de participación de la investigada en la filtración» y recuerda que «otras muchas personas» tuvieron a disposición dicho informe desde que fue remitido a la Xunta de Galicia, fue presentado al Juzgado y publicado en los medios.

En este sentido, la Fiscalía insiste en que «sólo existen meras sospechas o conjeturas», pero que ello no es suficiente para «legitimar la investigación penal, al tener carácter prospectivo, debiendo procederse a la inadmisión de la querella también por estos hechos».