El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que este mismo miércoles el Ejecutivo autonómico y el central han llegado a un acuerdo que da pie a que el Gobierno que dirige Pedro Sánchez retire el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la reforma de la ley gallega de salud.
Este paso llega después de que el TC acordase la semana pasada levantar la suspensión (en el ámbito de las medidas cautelares) de todos los preceptos que habían sido recurridos por el Ejecutivo central a excepción del apartado relativo a la vacunación. La Xunta siempre defendió que la redacción de su ley no implicaba hacerla «obligatoria», pero el Gobierno tenía dudas sobre la constitucionalidad de este punto.
En una rueda de prensa en Salvaterra de Miño (Pontevedra), Feijóo ha reivindicado este miércoles la retirada del recurso de inconstitucionalidad como «un triunfo de la razón y de la política». De la «razón», ha interpretado el presidente gallego, porque el TC «acaba de decir que Galicia tenía razón y la ley es constitucional».
Y «de la política», ha añadido, porque el Gobierno acepta que «lo lógico», cuando una comunidad «tiene razón», es «dársela» y no estar sometidos «a una litigiosidad política, que no jurídica» como –ha dicho– se estaba «hasta ahora».
DISPOSICIÓN ADICIONAL
«La ley gallega de pandemias recobra su vigor», ha celebrado, antes de concretar que lo que, a cambio, pide el Gobierno es lo que la Xunta «ya ofreció hace meses: acreditar en una disposición adicional que la vacuna solo se puede dispensar en el ámbito de la voluntariedad de los ciudadanos mientras que no se modifique la ley orgánica estatal».
En este punto, el presidente gallego ha recordado que esta «ley gallega de pandemias» permite sanciones «directas» a quienes vulneren medidas sanitarias y, por ejemplo, se salten una cuarentena dictaminada a raíz de la pandemia. Con todo, aquellas decisiones que afecten a derechos fundamentales –como limitar reuniones– requerirán de autorización judicial previa.
En su intervención, Feijóo también ha destacado que se «acredita» que la norma gallega «siempre fue legal» y que «una ley de pandemias sería muy necesaria en España».
