El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha manifestado que la Administración gallega ejercerá su marco competencial con el objetivo de que las estatutas del Mestre Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán, que ha calificado como «bienes patrimoniales de Galicia», se queden en esta autonomía.

A preguntas de los periodistas, y tras el escrito presentado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña por parte de la familia Franco para la retirada de «todos los bienes» del inmueble –incluidos, según ha precisado a Europa Press su letrado, los anteriormente citados, calificados como Bien de Interés Cultural (BIC)–, el conselleiro ha incidido en que estamos «ante una cuestión jurídica que se debate con argumentos jurídicos».

En este sentido, ha reiterado que se trabajará «conjuntamente» con el Gobierno, a través de sus respectivos servicios jurídicos, y ha insistido en que la Xunta ejercerá «sus competencias en las materias que tiene, la movilidad de los bienes BIC», ha apostillado en relación a las estatuas del Mestre Mateo y la biblioteca de Emilia Pardo Bazán.

«Cuando conozcamos con detalle la petición la evaluaremos», ha expuesto el conselleiro, quien ha reconocido que tuvieron constancia del escrito de los Franco a través de los medios de comunciación y que, ya con constancia formal del mismo, buscarán «argumentos jurídicos para defender el patrimonio cultural gallego y de los españoles».

PETICIÓN DE LOS FRANCO

No obstante, se ha reafirmado en la intención de la Xunta de que «estos bienes patrimoniales de Galicia se queden en Galicia». «Como parte del patrimonio de los gallegos», ha insistido aludiendo, además, a la «voluntad firme» del Ejecutivo autonómico a este respecto.

Por otra parte, ha precisado que la familia Franco tendrá que realizar antes «una petición específica y concreta a la Xunta para mover los bienes BIC». «En función de como esté planteada esa movilidad, la Xunta responderá partiendo de los principios que acabo de decir», ha añadido.

Preguntado si la Administración gallega tiene potestad para exigir que los mismos se queden en Galicia, ha explicado que la tiene «para informar y posibilitar o no la movilidad de esos bienes». «La intención es que esos bienes se queden en Galicia», ha precisado a este respecto.