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Iniciativa Galega pola Memoria reclama cambios jurídicos para lograr la devolución de bienes «en manos» del franquismo

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El año 2020 finalizará con el pazo de Meirás como parte del patrimonio del Estado, de forma provisional, pero sin una fecha para su apertura por el estado «preocupante» del interior de las instalaciones.

De hecho, debido a esa situación, el Gobierno ya ha pedido formalmente a la Xunta que se aplacen las visitas «durante un mínimo de dos meses», según han precisado desde la Administración autonómica que aseguran que esta suspensión debe estar «debidamente justificada» y que así se lo han trasladado al Ejecutivo central.

Y a la espera de concretar una fecha para retomarlas –algunas administraciones han planteado la posibilidad de que sea a finales de enero y limitadas al espacio exterior por ahora–, instituciones y entidades confían en que a esta primera victoria judicial, se sumen, en un futuro, la Casa Cornide, en A Coruña, y las estatutas del Mestre Mateo, ubicadas en Meirás.

En este contexto, Iniciativa Galega pola Memoria (IGM), que engloba a diferentes asociaciones memorialísticas de Galicia, reclama cambios jurídicos y «no esperar» a que la justicia resuelva estas cuestiones.

Sobre la sentencia del pazo de Meirás, Xoán Carlos Garrido, miembro de la coordinadora de IGM, que engloba a diferentes asociaciones memorialísticas de Galicia, ha manifestado a Europa Press que «prueba que Franco fue un ladrón mismo dentro de su legalidad al hacer una falsa compra para apropiarse a título personal de un bien que se le ‘dona’ en calidad de jefe del Estado».

No obstante, advierte que esto «no ataca el problema de fondo» al aludir al «expolio al que sometió al pueblo, incautando, a nivel particular y colectivo, bienes de los que gozó y aún gozan sus descendientes en calidad de botín de guerra».

«Hay que ilegalizar el franquismo y obligarles a que devuelvan lo robado, instaurando un marco jurídico acorde con la legislación internacional en materia de los derechos humanos que parta de los principios de verdad, justicia y reparación».

RESARCIR A LAS VÍCTIMAS

«Para resarcir individual y colectivamente a las víctimas, es necesario obligar a los beneficiarios de los crímenes del franquismo a pagar por lo que hicieron», argumenta. En el caso de los bienes, sostiene que supondría que «aquellos que disfrutan sus descendientes, sobre todo los del propio Franco y que provengan de la participación en esos crímenes, sirvan para indemnizar al pueblo».

«Las estatutas del Mestre Mateo o la Casa Cornide no estarían en sus manos si no fuera por el acto ilegal fundacional del régimen que los llevó a estar en la posición de hacerse con estos bienes». Por eso, insta a promover «cambios jurídicos». «Y no esperar a que una justicia heredada del franquismo y atada por sus limitaciones vaya a resolver todas estas cuestiones».

Respecto al papel de las instituciones, desde Iniciativa Galega pola Memoria lamentan la actitud del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, del que afirman que «usa todo su poder para tapar los crímenes del franquismo». «Lo estamos viendo ahora con Meirás, pero ya lo vimos con San Simón».

Con todo, y en referencia al papel de otras administraciones, señala que «es posible hacer políticas públicas de memoria», añade apelando a la necesidad también de un movimiento social «comprometido».

Mientras, a la espera de que el Estado concrete los bienes de Meirás que entiende que forman parte del patrimonio público, esta entidad argumenta que la investigación no debe reducirse solo a los Franco y a estos bienes. «Hay otros poderes económicos y la Iglesia que adquirieron gran patrimonio de la misma manera».

CASA CORNIDE

Por otra parte, en estos momentos, a los Franco les esperan nuevos frentes judiciales, no solo el recorrido que pueda tener los recursos por la devolución provisional del patrimonio público de Meirás, si no también por la Casa Cornide o las estatutas Mestre Mateo.

En el primer caso, el Ayuntamiento de A Coruña, que pretende que el inmueble sea declarado Bien de Interés Cultural (BIC), ha avanzado su intención de iniciar acciones legales para lograr su recuperación, después de que los informes jurídicos encargados a la Universidade da Coruña (UDC) así lo avalen.

En los mismos, se afirma que la naturaleza jurídico-patrimonial de la Casa Cornide es «pública» y apuntan, además, a «la ilegalidad de los sucesivos procedimientos de permuta, subasta y venta de la casa». Así alegan que existen «elementos objetivos» para solicitar la nulidad de compraventa, efectuada en 1962, por «simulación», argumento también recogido en la sentencia sobre el pazo de Meirás.

Por otro lado, concluyen que el ayuntamiento coruñés realizó inversiones en la Casa Cornide desde 1962 hasta 1976 «por valor de más de un millón de pesetas» cuando, supuestamente, «ya no era titular de ella».

ESTATUAS DEL MESTRE MATEO

La recuperación de las estatutas del Mestre Mateo es otra de las cuestiones en las que se trabaja por parte de un grupo de expertos impulsado por la Xunta y el Ayuntamiento de Santiago para abordar la estrategia y posibilidades para intentar recuperar su titularidad pública, tras nueva documentación hallada sobre las piezas.

El profesor de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago (USC) Emilio Grandío Seoane , que preside esta comisión, ha manifestado a Europa Press que siguen las reuniones. «Hay que sopesar cómo puede ayudar la nueva documentación».

Con todo, reconoce que existe «esperanza» tras la aparición de la misma y un fallo judicial como el de Meirás. «Las sentencias favorables siempre ayudan, pero hay que viendo», añade, mostrándose cauteloso al tratarse de un trabajo que todavía está en fase «embrionaria».

Y es que por estas piezas, que forman parte de un conjunto de nueve esculturas, la anterior corporación municipal impulsó una vía judicial para intentar recuperarlas, aunque se encontró con diferentes impedimentos legales y resoluciones no favorables. Actualmente está pendiente del amparo del Tribunal Supremo.

Ahora se analizan los nuevos documentos que acreditan la historia de estas estatutas y que aparecieron con posterioridad al arranque de ese proceso judicial. Entre ellos está un escrito de compraventa en el archivo de la universidad, correspondencia y documentos que muestran que las esculturas en posesión de los Franco son las adquiridas por la administración municipal.

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