Centenares de profesores se concentraron este miércoles ante la Consellería de Educación y protestaron con una cacerolada contra el protocolo contra la COVID-19 para el próximo curso presentado por el Gobierno gallego, que los sindicatos consideran «temerario e improcedente», según el responsable de CIG Ensino, Suso Bermello.

Los participantes en la movilización criticaron el documento por considerar que no garantiza la salud ni del profesorado ni del alumnado y presentaron una pancarta con el nombre del protocolo. «Vamos a hacer lo único que se puede hacer con este protocolo: fumigarlo», manifestaron y rociaron el cartel. Entre sus reclamaciones están la contratación de más docentes y que haya menos alumnos por aula para garantizar la distancia de seguridad.

El pasado jueves, cuando Educación presentó el documento en la Mesa Sectorial, los sindicatos reclamaron la retirada del borrador y abandonaron la reunión.

En declaraciones a los medios antes de comenzar la protesta de este miércoles, Bermello reprochó a la Xunta que esté «imponiendo» el protocolo, que «pone en riesgo la salud y la presencialidad de la enseñanza pública» para el curso 2020-21, y acusó al Gobierno gallego de «evasión de responsabilidades» y de descargarlas sobre el profesorado y los equipos directivos.

«Todo se reduce a un criterio, que es el del coste cero», ha criticado y ha rechazado conceptos «inventados» como el del aula burbuja. Además, ha considerado que no se proponen medidas para evitar «la ruptura absoluta de la equidad» ocurrida al tener que dar las clases de forma telemática durante el confinamiento, lo que impide «la universalidad del derecho a la educación».

Por su parte, la secretaria xeral de la Federación de Ensino de CC.OO., Luz López, ha acusado a la Xunta de falta de voluntad de negociar: «Cuando se quiere negociar se hace lo que nosotros pedimos desde hace meses, que es crear grupos de trabajo, que se nos presente un borrador y, a partir de ahí ir trabajando y consensuando».

El próximo curso, ha dicho, «se está planificando con casi absoluta normalidad, a coste cero e incumpliendo en algunos casos la ley de prevención de riesgos laborales».

Ha censurado, además, que se «deje ver» que la limpieza de algunos utensilios en el aula dependerá de los docentes y el alumnado, al que «no se le puede pedir utilizar materiales tóxicos». López ha considerado que «se está primando lo economicista sobre la garantía de la salud de toda la comunidad educativa».

«NO GASTAR UN DURO»

El presidente del sindicato ANPE en Galicia, Julio Díaz Escolante, ha incidido en este sentido y ha criticado que «se está primando no gastar un duro», mientras que «en el resto de comunidades» se están contratando más profesores y adaptando los centros.

«La Xunta está haciendo todo al revés: con las instalaciones que tenemos, intentar por todos los medios que no nos cueste nada y meter a los alumnos de cualquier manera en las aulas y arriesgar la salud», ha declarado y ha destacado que la propuesta de separación de un metro no cumple las normas del Ministerio de Sanidad.

A su juicio, la Consellería no está preparando tampoco al profesorado para el caso de que vuelva a haber un confinamiento y haya que recurrir a la teleformación.

ENSEÑANZAS QUE ESTÁN «VENDIDAS»

La representante de UGT Ensino, Paula Carreiro, se ha pronunciado en el mismo sentido y ha criticado que la Xunta pretende «una educación a coste cero y que no garantiza la sanidad». No está preparado tampoco el sistema informático, ha dicho.

Las familias y el alumnado, ha agregado están «dejados de la mano» y hay determinadas enseñanzas que «están vendidas» y no cuentan con protocolos específicos, como las musicales o las dirigidas a alumnos que necesitan apoyos específicos. «No podemos dar el visto bueno a un protocolo que no está terminado», ha manifestado.

Por parte de la Confederación Galega de ANPAs de Centros Públicos (Confapa), José Antonio Álvarez Caride, reprochó que la Xunta «no cuenta con las familias para nada» y no han sido convocadas para ninguna reunión. Además, ha censurado que Educación deje a los centros la decisión de si habrá extraescolares, lo que vulneraría el derecho a la conciliación.