Los derechos culturales forman parte de los derechos básicos del individuo y son una «herramienta básica de la justicia social». Sin embargo, en Galicia «no se está cumpliendo» el acceso a estos derechos que, además, desconoce en torno al 60% de la población, según establece el informe ‘Acceso a la cultura en Galicia’, elaborado por el Consello da Cultura Galega y que ha sido presentado este jueves.

En él, empleando una metodología horizontal y dialogada con un amplio elenco de personas, las investigadoras establecen que los derechos culturales están lejos de estar garantizados en Galicia, al tiempo que proponen estrategias de participación social, formación de los agentes culturales, descentralización y recursos entre las claves para mejorar estos índices.

El informe es resultado de un proceso de trabajo que se desarrolló a lo largo de 2025 en varias sesiones de diálogo abierto por las cuatro provincias gallegas, tal y como ha apuntado la presidenta del CCG, Rosario Álvarez. En ellas participaron 147 personas, cuyas consideraciones se suman a las de otras 400 que respondieron una encuesta online sobre la misma materia.

En el documento que recoge y condensa todo este trabajo se evidencia que el 76% de los participantes define la cultura como un derecho básico, pero el 60% afirma desconocer el concepto de derechos culturales. Asimismo, ante la pregunta de si se están garantizando estos derechos en Galicia, «la respuesta es un no rotundo», ha explicado la coordinadora, Paula Cabaleiro.

CUATRO ASPECTOS

El proyecto aborda el acceso a los derechos culturales en cuatro aspectos. El primero de ellos es la participación, tanto en lo relativo a tomar parte en actividades culturales como en la faceta de acceso a la creación.

El segundo abarca las desigualdades territoriales, o lo que es lo mismo, la dicotomía urbano/rural; mientras que el tercero afronta los desafíos de la comunicación: «muchas personas no acaban de entender plenamente a lo que nos referimos con derechos culturales», apunta la encargada de redactar el estudio, Ruth Sousa.

Para finalizar, el informe aborda la interseccionalidad de las desigualdades: la existencia de colectivos, personas o áreas que son sistemáticamente excluidas de estos derechos.

DESIGUALDADES TERRITORIALES Y ACCESO A LA CREACIÓN

Entre las conclusiones están las desigualdades territoriales en el acceso a la cultura y la capacidad de producción, sobre todo en el ámbito rural. Para los autores, existe una suerte de «utilización extractivista del territorio, empleando los entornos naturales y patrimoniales como valor añadido, para eventos ajenos a la comunidad».

También hay un concepto, que rechazan, de «llevar la cultura al rural». «La cultura no tiene que ser llevada al rural: está en el rural», recogen, reclamando que se dé más prevalencia a la cultura de base y estructuras culturales tradicionales.

El informe propone ampliar equipos humanos, dotarlos de recursos suficientes e impulsar formación específica en derechos culturales para que los profesionales los conozcan y puedan actuar en consecuencia, así como una normativa con visión integradora y a largo plazo.

También se apuesta por la creación de «estructuras reales de gobernanza participativa», como consejos ciudadanos y de presupuestos participativos en materia cultural para incrementar el grado de participación de la sociedad en su conjunto y no abarcar únicamente su papel como espectadores.

A mayores, el estudio reclama la descentralización de recursos y la inclusión de colectivos específicos, como «la aplicación de la perspectiva de género» o la accesibilidad para personas con diversidad funcional. Finalmente, exige «una comunicación comprensible que permita a la ciudadanía conocer, ejercer y defender sus derechos».