La Xunta de Galicia ha garantizado ese viernes la «protección» de la Casa Cornide de A Coruña, propiedad de la familia Franco, ante las acusaciones del BNG, que ha denunciado que el gobierno gallego «no hizo nada» para avanzar en el expediente de declaración del inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC).

Así lo ha trasladado el secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, en su comparecencia ante la Comisión 4ª del Parlamento de Galicia para responder a una pregunta del BNG sobre el estado de la tramitación del expediente para declarar BIC la Casa Cornide.

La diputada del BNG, Mercedes Queixas Zas, ha constatado que, transcurridos 16 meses desde el inicio del expediente, «no hay noticias» de cómo está avanzando, y ha lamentado que la Xunta «no hizo nada de lo que tenía que hacer para garantizar la protección» del inmueble».

Al respecto, ha recordado que la Casa Cornide se encuentra de nuevo en venta, que se han visto furgonetas sacando bienes de su interior, y que no se ha activado el régimen de visitas del público, al tiempo que ha recordado, como ejemplo, que la declaración BIC del Pazo de Meirás, realizada por el gobierno bipartito PSdeG-BNG, «se resolvió en 4 meses».

«Es cuestión de voluntad política (…), ¿por qué la Xunta no resuelve el expediente BIC y protege la Casa Cornide de un posible nuevo expolio de la familia Franco? ¿A quién defiende? ¿Defiende el patrimonio de los gallegos o los intereses espúreos de la familia del dictador Franco?», ha cuestionado la diputada nacionalista.

DIFERENCIAR PROTECCIÓN DE PROPIEDAD

Por su parte, el secretario xeral de Cultura ha subrayado que la Xunta trabaja «desde el primer momento» para «garantizar la máxima protección» del inmueble y que es la única administración que ha iniciado algún trámite administrativo al respecto.

Según ha recordado, el inicio del expediente para la declaración BIC es de mayo de 2021, lo que supone «un tiempo muy corto» desde que se solicitó por parte del Ayuntamiento de A Coruña. También ha reiterado que, desde esa fecha, la Casa Cornide goza de «protección completa».

Anxo M. Lorenzo ha vuelto a recalcar que no debe confundirse protección con propiedad y que el inicio del expediente BIC, que «todavía está en plazo», no es obstáculo para que el Ayuntamiento herculino inicie la vía judicial para reclamar la propiedad.

Asimismo, ha apuntado que los dueños de la casa tienen la obligación de comunicar su venta «cuando haya un comprador, y no antes» y que a la Xunta «no le consta ninguna comunicación al respecto».

Con respecto a las alusiones del BNG al «expolio» por parte de la familia Franco, el secretario xeral ha subrayado que debe ser el Ayuntamiento de A Coruña el que tome la iniciativa para recuperar el edificio y ha invitado a los nacionalistas a plantearlo a la administración municipal. «Igual no quieren, igual tienen allí otro tipo de acuerdos», ha insinuado.

Finalmente, ha respondido a las manifestaciones de Mercedes Queixas sobre la declaración BIC del Pazo de Meirás, una declaración «exprés, y muy mal hecha», que explica los «lodos actuales» y «gran parte de los problemas» en torno a ese inmueble. Además, ha añadido, desde que el Estado recibió las llaves de las torres de Meirás, «no se puede visitar el interior».

NUEVOS CURRÍCULOS DERIVADOS DE LA LOMLOE

Por otra parte, también ha comparecido en la comisión este viernes la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, para dar respuesta a una pregunta del PP sobre la situación de los nuevos currículos derivados de la aplicación de la nueva ley de Educación (LOMLOE).

Judith Fernández ha explicado que la Xunta ya aprobó y publicó en el DOG los decretos con los nuevos currículos, a pesar de que «no fue tarea fácil» por los «continuos retrasos» por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional en la publicación de los currículos de referencia y los diferentes cambios.

Con todo, ha subrayado, el gobierno gallego «se anticipó» con la creación de un grupo de trabajo, la puesta en marcha de una aplicación dirigida a profesores para la elaboración de programas (PROENS) o la activación de acciones formativas para el personal docente.

Finalmente, ha recordado que la Xunta no comparte el contenido de la LOMLOE, que aplicará «del modo más laxo posible» por considerar que baja la calidad de la enseñanza y va contra la igualdad y la cultura del esfuerzo. Precisamente por ello, el gobierno gallego ha «corregido deficiencias» del texto introduciendo mejoras, reforzando competencias y añadiendo materias optativas, entre otras medidas.