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La Xunta autoriza una depuradora de aguas en la mina de San Finx y Contraminacción denuncia que se amparan «vertidos»

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Augas de Galicia ha emitido una autorización provisional para la instalación de una depuradora con el fin de mejorar la calidad de aguas depositadas en el espacio de la antigua mina de San Finx, en el municipio coruñés de Lousame, y que «se vierten en la actualidad».

De ello ha informado a Europa Press la Consellería de Infraestruturas, que explica que es una experiencia piloto, mientras remarca que «no se trata de una autorización de vertido ni se asocia a ningún vertido nuevo, sino que se trata de mejorar el que se produce en la actualidad».

En cambio, la plataforma Contraminacción denuncia que la Xunta da luz verde a una «autorización encubierta» para «vertidos» bajo «el eufemismo de medidas cautelares.

En un comunicado, Contraminacción sostiene que esta medida «implica, además, amparar la ocupación del cauce natural del río con dos nuevas balsas de residuos mineros construidas ilegalmente en 2011».

En esta línea, la plataforma censura que la autorización «no solo es ilegal al darse en el marco de un procedimiento cuyo plazo de resolución finalizó hace tres años y que, por tanto, está caducado»; sino que muestra la «connivencia» de la Xunta con la minera.

«La minera lleva años vertiendo de forma ilegal sin que se incoase un solo procedimiento sancionador, a pesar de constatarse que los altos niveles de cadmio, cobre y cinc presentes en el río son resultado directo de los vertidos de la mina», sostiene Contraminacción. Por ello, anuncian acciones legales contra Augas de Galicia.

DURANTE DOS MESES

En cambio, el Gobierno gallego asegura que se trata de una autorización durante dos meses con el fin de tratar «una pequeña parte del caudal» saliente de la mina y poder comprobar si se consiguen los niveles de cadmio conformes a la normativa.

Además, sostiene que esta autorización «no va a causar perjuicios» al medio ambiente, al tiempo que estas medidas provisionales «no alteran la situación actual existente en la antigua explotación» y «no supone la realización de un nuevo vertido».

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