Ecoloxistas en Acción de Galicia y el fondo para la protección del lobo ibérico presentaron ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sus conclusiones en el marco de un recurso contencioso administrativo interpuesto contra la resolución de la Xunta que autorizaba controles durante la temporada de caza 2025/2026.

Más allá de impugnar la medida por ver «vicios formales y materiales», las entidades solicitaron al tribunal que exponga una cuestión de inconstitucionalidad contra tres preceptos clave de la ley estatal 1/2025.

En el procedimiento, que en la actualidad se encuentra en fase de conclusiones, según informan las organizaciones ecologistas, estas cuestionan «radicalmente» la legalidad de la resolución autonómica.

Sostienen que la Xunta autoriza la caza del lobo cuando la especie se encuentra en «estado de conservación desfavorable» en la península, «en contra del criterio científico y de las obligaciones derivadas de la ley del patrimonio natural y de la biodiversidad y de la directiva hábitats».

Asimismo, denuncian la «falta de efectividad» de la caza de lobos para evitar daños a la ganadería y la «falta de evaluación rigurosa» del estado poblacional y «ausencia de alternativas no letales», lo que convierte, a su juicio, los «supuestos controles» en una «persecución sistemática».

Según destacan, en una nota de prensa, lo más «novedoso» del escrito es la petición expresa al TSXG para que eleve una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra tres disposiciones de dicha ley, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

«Vulneran principios constitucionales y pretenden desmantelar, sin justificación científica alguna, décadas de políticas de conservación», aseguran.

El TSXG deberá ahora resolver si elevar o no la cuestión al Constitucional, según indican, y este tendrá, en su caso, «la última palabra».