El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) le volvió a dar un nuevo toque de atención severo a la Xunta tras desestimar el recurso interpuesto por la Consellería de Industria contra el auto del pasado 16 de octubre en el que el alto tribunal gallego acordaba la supensión del megaparque eólico del Oribio. Un severo toque de atención que, por el momento, «no conoce» la propia Junta. Su presidente, Alberto Núñez Feijóo evitó valorarlo y responsabilizó de todo al gobierno bipartito de PSdeG y BNG que ya no gobierna desde hace diez años.

En una nueva sentencia, a la que ha tenido acceso Galicia Confidencial y que es en respuesta a la denuncia inicial de la entidad ambientalista Petón del Lobo, el TSXG desestima las alegaciones de la Xunta para evitar la suspensión provisionalmente del acuerdo del Consello da Xunta del pasado 27 de junio, así como sus disposiciones normativas, en las que se daba vía libre a la continuación de las obras del megaparque eólico en la Serra del Oribio, entre los ayuntamientos de Samos y Triacastela.

El alto tribunal gallego entiende que, mientras que no se actualice la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto ya que data de 2005, y mientras no se justifique la prevalencia del uso «pretendido por la Xunta al aprobar el proyecto industrial», las obras deben de ser paralizadas.

Pero, a pesar de que queda claro que las irregularidades cometidas son con el actual gobierno de la Xunta, Feijóo echó balones fuera y responsabilizó al anterior gobierno bipartito. «ES una sentencia sobre un parque eólico aprobado por el Bipartito y que nosotros, como estaba tramitada por el gobierno anterior, seguimos adelante», dijo.

Preguntado por Galicia Confidencial por si la Xunta acatará lo dicho por el alto tribunal gallego, Feijóo ya fue más esquivo: «no conozco la sentencia y, por lo tanto, no le puedo contestar ni lo que va a proponer la Consellería de Industria y Economía desde el punto de vista de sus competencias. En todo caso, supongo que lo tendrá que valorar la Asesoría Xurídica de la Xunta. En cuanto tengamos esa sentencia, valoraremos», se limitó a responder.

ARGUMENTOS DE LA XUNTA

La Xunta argumentó en su recurso que, entendía que la modificación del proyecto por parte del promotor –validada luego por parte de Industria– «no suponía uno menoscabo de la situación y que era poco probable un impacto significativo sobre las poblaciones locales de águia real». Además, indicó que instaba a hacer las obras «respetando el Plan Director de Red Natura y siguiendo las directrices del documento sobre el águia real en España de SEO/Birdlife?.

El TSXG recoge en esta nueva sentencia que existe un «único proyecto» que sustenta la Declaración de Impacto Ambiental del 2005 a ejecutar en dos fases y con potencias distintas. «Y la Xunta solamente valora la modificación que en 2016-2018 se pretende ejecutar, pero sin desarrollar los impactos de la totalidad del proyecto aprobado en 2007-2009, que, por el momento, quedaría sin ejecutar».

Por eso, iniste en que si no se atoriza la DIA, tras la primera fase, también cabría autorizar la segunda, nuevamente en base a la DIA de 2005. «Y si la promotora, que esperó tanto tiempo para pretender ejecutar el proyecto, tiene que asumir el riesgo de su negocio, al tratarse de una sociedad mercantil que tuvo que ponderar la no ejecución de un proyecto aprobado», indica.

«NO EXISTEN INFORMES»

Además, el alto tribunal gallego destaca que «la Xunta prevé seguir en 2020 ampliando la produción eólica» y, por lo tanto, «una modificación de la DIA bien pudo verificarse en 14 años, especialmente, cuando el proyecto de ejecución aprobado en 2007».

Y, sobre los informes de la Xunta, destaca que «no existe» informe del órgano con competencia en la materia de paisajes, el Instituto de Estudios del Territorio que habría de informar sobre los impactos de los sucesivos modificados y su integración paisajística, tampoco de la Dirección Xeral de Sostenibilidade e Paisaxe… ni se realizó ninguna actualización o revisión de la documentación».

IRREGULARIDADES

El proyecto para construir un parque eólico en la sierra del Oribio fue autorizado en 2007, con un la DIA de 2005. Pero, con posterioridad la esa fecha cambió la protección medioamental y patrimonial de la zona. Así, el área del megaparque es una Zona Especial de Conservación de la ZEC Ancares-Courel y Zona de Especial Protección de los Valores Naturales (ZEPVN). El recurso de la Xunta alegaba que con la ampliaición no se ponía en peligro esta zona de protección.

Además, como parte de la Red Natura no está permitida la construcción de parques eólicos, más allá de la repotenciación de los existentes y, además, está clavada en parte del área potencial del Plan de Recuperación del Oso Pardo cantábrico. Por otra parte, el parque está situado en las cercanías del Camino Francés, con una importante afectación al paisaje, y pondría en peligro un antiguo camino real que corona la sierra.

Ante estos inconvenientes y las denuncias de los grupos ecologistas, y los requerimentos de la Xunta, la empresa presentó después una «modificación no sustancial» para pasar de doce la ocho aerogeneradores. Para eso contó con informe de viabilidad de Medio Ambiente desde septiembre del pasado año. Para que se pudiera emitir este informe fueron, además, precisos también estudios favorables de Patrimonio Cultural, Patrimonio Natural y Urbanismo. Unos permisos que llegaron en tiempo récord tras la paralización cautelar de las obras por parte de la propia Junta.