La Xunta, a través de Augas de Galicia, ha iniciado el procedimiento de revocación de autorización a la empresa Tungsten –que opera en la mina de San Finx, en Lousame (A Coruña)– para la ejecución de una depuradora para el tratamiento de las aguas residuales industriales, al detectar el incumplimiento de los requisitos establecidos.

Según informan a Europa Press fuentes de la Xunta, ya le comunicó esta decisión a la empresa y estableció un plazo de 10 días para que pueda presentar las alegaciones que estime oportunas con relación a este procedimiento.

La Xunta señala además que realizó una nueva inspección a las instalaciones de la mina y confirmó que «seguían sin cumplirse las condiciones establecidas en la autorización otorgada», lo que supone «una desatención de los requisitos realizados desde Augas de Galicia».

«Siguiendo el procedimiento correspondiente, la Xunta ha comenzado el trámite para la revocación de esta autorización de vertido que había sido concedida a la citada empresa en el pasado mes de febrero», explican las fuentes consultadas.

Esta autorización de Augas incluía 18 condicionantes que debía cumplir el titular de la explotación con el fin de garantizar la correcta gestión del vertido y las medidas para una depuración adecuada, en su obligación de cumplimiento de los objetivos de calidad del medio receptor y con los derechos de terceros.

Precisamente este lunes, mariscadoras y ecologistas entraron en las instalaciones de la mina de San Finx para denunciar a través de esta «ocupación» la situación de «impunidad» de la que, dicen, se beneficia por la «dejadez» de la Xunta ante la compañía Tungsten San Finx y sus «continuados» vertidos de metales pesados.