La Asociación Eólica de Galicia (EGA) espera que el Tribunal Supremo se pronuncie a final de este año sobre el fondo del asunto que ha llevado a la anulación y suspensión cautelar de parques en la comunidad gallega.

En rueda de prensa, el presidente de la patronal, Manel Pazos, ha criticado la «inquina» que lleva a «los mismos grupos» a interponer «las mismas alegaciones» a diferentes proyectos.

La asociación ve «bastante sorprendente» lo que ocurre desde hace meses, después de 25 años de tramitaciones, y señala que «lo que da inseguridad es la interpretación de una norma comunitaria» que se hace ahora, sobre los tiempos de exposición pública y los informes correspondientes. «Lo que se está haciendo en Galicia no se hace en el resto del Estado», advierte.

En concreto, EGA espera el pronunciamiento en relación con el recurso interpuesto tanto por la asociación como por la Xunta contra la anulación del acuerdo del Consello que aprobó la repotenciación del parque de Corme, impulsado por EDP.

Pazos ve dos cuestiones «que pueden ayudar» a los promotores eólicos, el primero este pronunciamiento del Supremo y el segundo la nueva normativa comunitaria «que declara de interés general especial o urgente sobre el interés muchas veces medioambiental» las iniciativas del sector. «Que se le dé el mismo valor a la energía que al medio ambiente», ha resumido.

Según augura, «va a haber una temporada de trasposición» y finalmente confía en lograr seguridad jurídica frente a «todas estas alegaciones que van sobre periodos de exposición pública, temas de fragmentación o cuestiones medioambientales que puedan tener en duda».

«ESCÉPTICO» CON LA SOCIEDAD MIXTA

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, el presidente de la patronal eólica gallega ha dicho tener sus «dudas» y ser de hecho «bastante escéptico» sobre que la sociedad público-privada que impulsa la Xunta en el sector «funcione bien».

«Mi experiencia, salvo Sotavento, con los parques eólicos municipales no fueron adelante», ha advertido, y ha apuntado a la capacidad de deuda de la administración pública como uno de los elementos a tener en cuenta, así como las infraestructuras.

En su opinión, para salvar el rechazo social, sería preferible «atar más a las empresas» con «más impuestos o lo que sea», por ejemplo «más actividades sociales o culturales».

ESTUDIO DE DELOITTE

La Asociación Eólica de Galicia ha presentado este martes un estudio de impacto económico y social del sector eólico en Galicia realizado por Deloitte Consulting.

De acuerdo con estos datos, en la actualidad se encuentran autorizados por Xunta y Gobierno central, pero pendientes de puesta en marcha, 3.381 MW.

Pazos ha concretado que 2.687,6 MW están autorizados por la Xunta en 122 proyectos y otros 298 MW cuentan con declaración ambiental pero siguen sin autorización. Mientras, el Estado tiene autorizados unos 600 MW.

Sin embargo, la instalación de potencia eólica «se encuentra de nuevo paralizada», según denuncia la patronal, que avisa de que en los últimos cinco años se han instalado «únicamente 510 MW» y en 2022 «solo» 28 MW.

Los motivos que señala son «la moratoria, los retrasos en los procesos de tramitación, la judicialización y la aparición de un rechazo social poco racional».

QUE «SE DESATASQUEN» LOS ‘PPA’

En este escenario, el estudio destaca que hay 32 proyectos industriales «relevantes» para «ser el motor de la economía gallega en la próxima década», en los ámbitos de fabricación de biocarburantes, hidrógeno y amoníaco, aprovechamiento de residuos, químico y farmacéutico, alimentación, manufacturera y logístico.

Suponen una inversión total de 6.328 millones, prevén generar 7.018 empleos directos al año en la fase de explotación y exigirán un suministro de electricidad de 8 TWh al año, según el informe.

«Estas industrias necesitan para su funcionamiento nueva energía renovable a un precio competitivo y sostenible a largo plazo, al que contemplan los contratos PPA, algunos ya firmados», resalta la asociación eólica, que deja a un lado la energía que necesitará Alcoa a partir del año que viene.

De este modo, constata que hay «empresas necesitadas» de esos acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (los denominados ‘PPA’) y ve necesario «que se desatasque este proceso», pues «el compromiso está, pero al no saber cuándo se puede empezar a producir o instalar el proyecto no se acaba de cerrar», debido a la «incertidumbre» por la escalada de precios, que «hace que quieras firmar un PPA y no lo acabes de firmar».

Por último, Manel Pazos ha evitado valorar el impuesto a la eólica marina, «para no mezclar» y porque es una energía «todavía en fase experimental» y un «tema industrial totalmente diferente».