La Xunta apostará por el uso de empresas y expertos privados para agilizar trámites ambientales públicos, si bien el Gobierno gallego tendrá la «última palabra», según deja claro el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda.

En rueda de prensa posterior al Consello, el mandatario gallego ha subrayado que «no se trata de sustituir las funciones de la Xunta», sino de «complementar» sus tareas con este apoyo.

De este modo, la Xunta resalta que Galicia se convierte en «una de las primeras comunidades en apostar por la colaboración público-privada» en materia de evaluación ambiental. Para ello, el Consello ha aprobado el decreto por el que se regula esta figura prevista en la ley de simplificación administrativa de 2021.

Entre otras cuestiones, se prevé la creación de un banco de personas especialistas en este campo, así como un registro de empresas e instituciones de carácter privado «capacitados» para dar apoyo técnico a la Administración gallega en ciertas fases y trámites del proceso.

De tal forma, el Ejecutivo autonómico garantiza que esta colaboración público-privada supondrá «el mismo nivel de garantías» en la tramitación que fija la normativa sectorial vigente.

Como novedad dentro de la normativa autonómica, entre las funciones que podrán asumir en este tipo de procedimientos figuran la colaboración en la realización de los trámites de información pública y de consultas y en el análisis técnico de los expedientes. Como ya ocurre en otras comunidades, también se prevé la colaboración de estas entidades en el seguimiento de los pronunciamientos ambientales y en la inspección ambiental.