La Asociación Forestal de Galicia ha presentado alegaciones a la futura ley de lucha integral contra los incendios forestales en las que demanda «declarar de utilidad pública la intervención en franjas de seguridad», de modo que las administraciones «asuman la responsabilidad» de limpieza de estos terrenos alrededor de núcleos de población.

Censura que la nueva ley «mantiene un enfoque errado» al cargar el coste de mantenimiento de estas franjas secundarias sobre comunidades de montes y propietarios forestales, «a los que se les pide que financien de su bolsillo medidas de protección civil para garantizar la seguridad colectiva».

Aquí, la entidad observa «desatención pública de la seguridad ciudadana», de modo que se ahonda en un «sistema punitivo» orientado a «culpabilizar a propietarios forestales y comunidades de montes, pues se prevén multas, repercusión de gastos de extinción y ejecución subsidiaria de trabajos de prevención.

De tal forma, la Asociación Forestal de Galicia critica que estas multas «pecan de falta de realismo», al tiempo que «premia el desorden urbanístico» por responsabilizar a propietarios forestales de la defensa de construcciones sin licencia que invaden el espacio forestal.

Estima que en Galicia hay unas 85.000 hectáreas en zonas de interfaz urbana-forestal. Y el 30% de estas franjas secundarias precisas de desbroces periódicos.

Además, esta asociación se queja de que la Xunta solo ofrece una gestión pública de las franjas de 154 parroquias declaradas de alto riego de incendio, con un precio bonificado de 350 euros por hectárea, lo que supone una «grave discriminación en relación al resto de propietarios de Galicia».