La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y el vicepresidente, César Mosquera, han firmado este miércoles los convenios de la encomienda de gestión del Servicio de Inspección Provincial de Residuos con 11 entidades que representan a 13 ayuntamientos.
En concreto, son los municipios de Barro, Meis, Mondariz-Balneario, Silleda, A Guarda, O Rosal, Tomiño, Salceda de Caselas, A Cañiza, y As Neves, junto a la Mancomunidade do Morrazo (Bueu, Moaña y Cangas). «Sois los trece magníficos», ha comentado la presidenta.
Según han explicado durante el acto de firma de estos convenios, la Diputación quiere dar una respuesta coordinada ante el nuevo marco legislativo y pone en marcha este cuerpo provincial, conformado inicialmente por 11 inspectores de residuos.
La nueva ley de residuos impone a los ayuntamientos una serie de exigencias bajo amenaza de sanción y esto obliga a tener un servicio municipal de control, además de otros requisitos de los que hasta ahora los gobiernos locales tampoco se tenían que hacer cargo.
Debido a que las labores de control sobre los residuos municipales solo pueden desarrollarse por parte de personas funcionarias de carrera o por agentes de la Policía Local, son muchas las corporaciones locales que detectaron posibles problemas para afrontar las nuevas exigencias.
«Ante esta situación, intentamos suplir esta carencia. Ayudamos a los ayuntamientos que no puedan asumir una inspección propia y evitar así las posibles sanciones», ha comentado Mosquera.
Así, la Diputación de Pontevedra ha puesto a disposición de los ayuntamientos una fórmula de encomienda de gestión mediante convenio bilateral y bajo mayoría absoluta del Pleno. La Diputación aportará más de la mitad del coste del servicio.
Carmela Silva ha destacado que con esta iniciativa la Administración provincial vuelve a ser «pionera» y ha añadido que «es maravilloso ser ejemplo del cumplimiento, pero hacen falta recursos y por eso nace este servicio formado por personas expertas».
Además, ha precisado que «este cuerpo de inspección va a tener una labor de divulgación, de presencia en el territorio, de concienciación de que hay que cumplir la ley». «Es un antes y después», ha sentenciado.
La presidenta ha agradecido a estos 13 ayuntamientos «valientes» que se sumasen «a los proyectos transformadores que lideran la implantación de otro modelo de provincia» y ha destacado que «las empresas y entidades se convertirán en un ejemplo».
