La Xunta ha decidido ampliar la prealerta por escasez de agua a las cuencas de los ríos Tambre y Grande, con afectación a zonas como Santiago de Compostela y la Costa da Morte, debido al «drástico» descenso de los caudales en la primera quincena de agosto.
Así se ha acordado en una nueva reunión de la Oficina Técnica da Seca, en la que también se ha ratificado la continuidad de la prealerta por escasez en las cuencas de los ríos Anllóns, que atraviesa la comarca de Bergantiños, y Lérez, en Pontevedra.
La prealerta acordada este viernes incluye a los sistemas de la cuenca del Tambre y de los ríos que desembocan en la ría de Muros-Noia, así como a la cuenca del río Grande y de los ríos que alcanzan la ría de Camariñas y la costa de Cabana, Laxe y Muxía.
Igualmente, se ha abordado la necesidad de dar un tratamiento equivalente a la prealerta a los subsistemas de los ríos Bahíña y Zamáns, pese a que los sistemas en su conjunto aún no alcancen ese escenario, sostiene la Xunta. Por ello, se insta a los gestores de abastecimiento de estas zonas a tomar medidas de ahorro y contención del consumo.
De tal forma, se constata un empeoramiento generalizado de la situación en el conjunto de la demarcación hidrográfica de Galicia-Costa, a excepción del norte de la provincia de Lugo, debido la carestía de precipitaciones y a las altas temperaturas durante la primera quincena del mes, en el marco de una sequía «prolongada».
POR DEBAJO DE LOS VALORES HABITUALES
Los caudales circulantes de los ríos de la demarcación siguen por debajo de los valores habituales para esta época del año, un 34% menos que la media de los últimos diez años. Mientras, la ocupación de los embalses de abastecimiento se sitúa en el 72,4%, lo que representa un 15,7% menos que en 2021.
Todas las zonas de prealerta comparten la característica de no disponer de grandes embalses de abastecimiento y, por lo tanto, los sistemas de abastecimiento se nutren desde los propios ríos o desde pozos o manantiales.
De tal forma, el Gobierno gallego reitera el llamamiento a la reducción del consumo por parte de los ciudadanos, de las empresas y de las administraciones, con la adopción de medidas como la restricción de riegos, la limitación del llenado de las piscinas o la reutilización, dentro de lo posible, del agua.