La directora xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, Paula Uría, ha informado de que técnicos de patrimonio cultural han evaluado el proyecto del parque eólico que proyecta Green Capital Power en Vilartoxo, en el municipio de Val do Dubra (A Coruña), de forma que se exige la modificación del diseño inicial para preservar las ‘mámoas’ Fondo do Val 1 y 2.

En la Comisión de Ordenación Territorial, la diputada Iria Carreira (BNG) ha expuesto que los vecinos de Val do Dubra, encabezados por la asociación Vento Libre, han entregado más de 2.300 firmas en el Parlamento gallego para reclamar la paralización de este parque eólico –de 27 megavatios de potencia– debido a su impacto hidrológico y patrimonial, en concreto sobre «la primera estación de arte rupestre» del municipio, que incluye al petroglifo de Gavis, así como diferentes ‘mámoas’.

Igualmente, la diputada nacionalista ha denunciado la «fragmentación artificial» de este proyecto y los de Barrosino y Troitomil, dado que «comparten infraestructuras como pueden ser las línea de evacuación». Así, enmarca esta situación en la «política depredadora» de la Xunta «favorecedora de grandes multinacionales».

En respuesta, Uría ha querido «dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía», ya que «tramitar un proyecto no significa autorizar», de modo que solo se tramitarán aquellos que «sean compatibles con el territorio» y con declaración de impacto ambiental favorable.

Respecto a esos tres proyectos eólicos de Vilartoxo, Barrosino y Troitomil, Uría aclara que todos están sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinario, por lo que esa «pretendida fragmentación no tiene sentido», pues «no son tales las ventajas» y tienen que seguir la tramitación «más garantista». Además, deja claro que «es preciso que se compartan» infraestructuras para «no llenar el territorio» de líneas eléctricas de evacuación.

PROYECTOS DENEGADOS

Por su parte, Uría ha resaltado que la energía eólica generó 9.558 gigavatios por hora en 2021 en Galicia, lo que evitó la emisión de tres millones de toneladas de CO2 a la atmósfera.

Junto a esto, ha apuntado que la Xunta ha rechazado y archivado un total de 84 solicitudes de nuevos parques eólicos de tramitación autonómica, que sumaban 2.295 megavatios. Asimismo, se informó negativamente de 65 proyectos de tramitación por parte del Gobierno central –los que tienen más de 50 megavatios–, los cuales eran de 5.197 megavatios.

SENTENCIAS CONTRA LA XUNTA

En otra pregunta en esta misma comisión, Pablo Arangüena (PSdeG) se ha referido a dos sentencias del Tribunal Supremo y cuatro anteriores del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que suponen una «enmienda a la totalidad de gran parte del modelo eólico de Galicia». Subraya que «los máximos tribunales del Estado de derecho» le dicen a la Xunta que «está haciendo las cosas muy mal».

En concreto, Arangüena ha hablado de las dos sentencias del Tribunal Supremo que confirman la anulación de los proyectos que sirvieron de base para la puesta en funcionamiento de los parques eólicos Sasdónigas fase I y fase II, en el municipio lucense de Mondoñedo. El alto tribunal rechazó los argumentos de la empresa y considera que la Xunta debía de haber tenido en cuenta el contenido de la declaración de impacto ambiental.

También ha citado la sentencia del TSXG que ha anulado y dejado sin efecto, por no ser conforme a derecho, el acuerdo aprobado por el Consello de la Xunta –el 27 de junio de 2019– para la modificación del proyecto del parque eólico Serra do Oribio, situado en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Os Ancares-O Courel, en Lugo.

Por todo ello, el diputado socialista ha censurado que estas sentencias «le dan un varapalo considerable a la Xunta y viene a decirle que lo que está haciendo es ilegal», pues «dejan en evidencia la mala praxis de la Xunta», ya que se tramita de «forma chapucera e incompetente».

Al respecto, Paula Uría ha remarcado que la Xunta «respeta las decisiones judiciales», pero le ha dicho a Arangüena: «Ninguna de las sentencias que usted menciona son firmes». Acerca de los dos fallos del Supremo en relación con Sasdónigas, «en el momento en el que el TSXG comunique formalmente la firmeza de la sentencia se adoptarán las medidas que correspondan».

La directora xeral incide en que «en ningún caso esas sentencias se están refiriendo a autorizaciones administrativas de construcción de los parques eólicos, sino a la aprobación de un instrumento de ordenación territorial, como es el proyecto sectorial de interés supramunicipal».

A renglón seguido ha asegurado que estas sentencias se «ajustan perfectamente» a «la prioridad de desarrollo ordenado», mientras defiende la «máxima transparencia» del Gobierno gallego.

Finalmente, Paula Uría ha criticado «el doble discurso» de los socialistas gallegos, que apuestan «desplegar» una potencia renovable, pero «en la práctica se oponen a cualquier proyecto eólico».