La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) y la Plataforma para a Defensa da Cordilleira Cantábrica (PDCC) han presentado tres recursos contencioso-administrativos en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra la aprobación, por parte de la Xunta, de otros tantos parques eólicos, concretamente Campelo, Bustelo y Monte Toural, que aseguran «están divididos de forma fraudulenta».
Los parques eólicos contra los que las dos asociaciones han interpuesto denuncias están promovidos por Greenalia, empresa de la ex-conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato.
Según destacan en un comunicado, Adega y PDCC representan en este proceso a todas las entidades promotoras del Fondo para a Defensa Xurídica da Cordilleira Cantábrica (Fdxcc), que financia los tres procesos judiciales.
Señalan además que estas son las primeras iniciativas judiciales relativas a proyectos concretos –además de las primeras en Galicia–, que se promueven a través de este Fondo, recaudado a través de micromecenazgo y que consiguió reunir más de 49.000 euros, «superando el objetivo inicial previsto de 40.000 euros».
«Uno de los principales objetivos del Fdxcc es promover acciones legales en el ámbito judicial europeo, estatal y autonómico ejemplificativas que contribuyan a defender la sociedad y el entorno ambiental de los territorios de la Cordillera Cantábrica, frente a la actual avalancha de macroproyectos de energía eólica», aseguran.
PARQUES EÓLICOS RECURRIDOS
Los parques eólicos recurridos son los denominados ‘Campelo’, ‘Bustelo’ y ‘Monte Toural’, que afectan a los ayuntamientos de Coristanco, Santa Comba, Carballo y Tordoia, y que se sitúan todos alrededor de la misma zona geográfica, en el entorno de la Lagoa de Alcaián. La asociación denuncia que estos parques parten accesos, líneas de evacuación y una estación transformadora.
Sobre estos complejos, explican que el Consello de la Xunta de Galicia los declaró en mayo de 2018 «proyectos de interés especial»; una categoría que, según la Ley 5/2017 de fomento de la implantación de iniciativas empresariales, implica la tramitación prioritaria y la reducción a la mitad de los plazos de instrucción, prevaleciendo la utilidad pública de los parques.
Indican además que «uno de los principales argumentos jurídicos que fundamentan la presentación de estos recursos» es la existencia de «una clara fragmentación artificiosa de una única instalación o central eólica dividida en tres proyectos para que no se superen individualmente los 50 MW, siendo así tramitados por la Xunta con el procedimiento ‘expréss».
Insisten en que esta división pretende, además de ventajas para el promotor, evitar una correcta evaluación medioambiental «al ignorar los efectos sinérgicos de las instalaciones sobre hábitats, especies, paisajes y servicios ecosistémicos, entre otros».
«Es una maniobra fraudulenta de la que la Xunta es cómplice y que perjudica el interés público y mismo los intereses particulares: se fragmenta también la posible oposición y se lesiona el ejercicio de los derechos ciudadanos de información y participación pública», aseveran.
ÁREA PROPUESTA PARA LA REDE NATURA
Por otro lado, además de la fragmentación artificial, las tres instalaciones se sitúan sobre un área que en 2008 y 2011 fue propuesta para incorporarse a la Rede Natura 2000 y que incluye «endemismos botánicos únicos», concretamente la Centaurea ultreiae Silva Pando, planta catalogada «en peligro crítico de extinción» y cuya única población mundial se compone de tan sólo 6.821 individuos, «todos en unos 10 Km cuadrados sobre los que la Xunta ha autorizado los tres parques eólicos», subrayan.
Afirman a este respecto que la Consellería de Medio Ambiente conocía la presencia de estas especies a través del ‘Plan integral de recuperación e conservación das especies vexetais en perigo de extinción da zona de Bergantiños’, documento elaborado en 2010 para la protección de estas especies, «y que doce años después la Xunta todavía no ha aprobado», y que la empresa eólica, «siendo aún conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato, pudo acceder a los documentos técnicos para poder afinar más sus proyectos».
Con estas acciones judiciales, Adega esperan sentar un precedente en la defensa de los espacios propuestos como parte de la Rede Natura 2000 o de aquellos que presenten singularidades ambientales de especial relevancia. «No nos queda otro remedio que recurrir al amparo de la Justicia para frenar los atropellos de la Xunta, más preocupada por favorecer a las empresas amigas que por salvaguardar el patrimonio natural y los derechos de la ciudadanía», han concluido.
