El Consejo de Seguridad Nuclear ha enviado un requerimiento a la Xunta de Galicia para que la Administración le facilite un estudio radiológico sobre la mina de San Finx, en Lousame (A Coruña).

El escrito lo remite concretamente a la Directora Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais de la Xunta, Paula Urías, según ha informado la organización Ecologistas en Acción en un comunicado, en el que ha asegurado además que el Gobierno gallego incumple las recomendaciones sanitarias respecto de la mina de San Finx, en la provincia de A Coruña.

Según ha señalado la organización en un comunicado, pese a tratarse de una mina de estaño y volframio, un estudio de la Universidad de Oviedo demostró la presencia de uraninita –el mineral del uranio–. A este respecto, recalcan que remitieron en su día este estudio, tanto a la Xunta como al Consejo de Seguridad Nuclear, «pero el departamento no hizo nada al respecto».

«A pesar de que el reglamento establece que la minería subterránea y la producción de estaño están sujetos a la presentación de declaraciones sobre la exposición de los trabajadores y del público a la radiación y a la elaboración de los correspondientes estudios radiológicos, la Xunta en ningún momento exigió estas actuaciones, ni cuando aprobó el proyecto de explotación de mina en 2009 ni cuando esta reinició la actividad en 2015 de la mano de la actual concesionaria Valoriza Minería», recalcan.

RIESGOS PARA LA SALUD

La asociación ecologista insiste en que, tras ponerse la mina en marcha en 2009 «en ausencia de evaluación de impacto ambiental», ha mantenido su actividad hasta 2013, y más tarde entre 2015 y 2018.

En este sentido, reconocen que se desconoce el número exacto de trabajadores que pudieron verse expuestos a potenciales radiaciones ionizantes derivadas de la presencia de uranio, pero apuntan a que podrían ser unas 30 personas, considerando que el proyecto de explotación vigente contempla un cuadro de 12 trabajadores.

«Esta forma de proceder, en un asunto en el que existen riesgos evidentes para la salud pública, muestra una falta de transparencia que solo beneficia a la empresa concesionaria», ha asegurado el representante de la organización, Cristóbal López.

LA XUNTA SOLICITA EL INFORME

Por su parte, el Gobierno gallego ha confirmado a Europa Press que ya ha solicitado el informe pertinente a la empresa concesionaria, a quien corresponde entregarlo. Según han explicado desde la Consellería de Economía, Empresa e Innovación, recibieron el requerimiento hace pocos días y esperan por la notificación de la empresa «aún en plazo».

La Xunta ha recalcado que es la empresa la que debe elaborar los informes con los datos de si se cumplen o no las cuotas de radiación y demás parámetros sanitarios y, una vez en manos del Ejecutivo autonómico, estos envían una copia al CSN. Además, recuerdan que las mediciones solo son obligatorias si se sobrepasan ciertos parámetros que puedan resultar perjudiciales para la salud.

ENFERMEDADES LABORALES

Ecologistas en acción carga también contra la empresa concesionaria, a la que acusa de haber tratado de impedir, junto con otras compañías, «una modificación de la legislación sobre dolencias profesionales para que esta no incluyese el cáncer de pulmón por exposición al polvo de sílice».

Recuerdan que la empresa había alegado que la inclusión de esta enfermedad como dolencia profesional suponía «imponer a las empresas españolas cargas injustificadas», de forma que para reconocer el cáncer de pulmón por exposición a la sílice, los pacientes deberían tener que padecer previamente silicosis, «en contra de la evidencia científica actual». Las alegaciones, recuerdan, fueron desestimadas por el Consejo de Estado.

Con el objetivo de denunciar la «falta de transparencia» de la Xunta en la autorización de proyectos mineros «altamente contaminantes por todo el país», la organización ha comenzado la campaña ‘Algo se Esconde’.

«Sólo en los últimos años, la Xunta ha aprobado proyectos para minas que no fueron sometidas a evaluación ambiental, ha negado la personación en el proceso de autorización tanto a organizaciones ecologistas como a vecinos y ha ocultado información fundamental sobre los expedientes, que debería ser pública», han concluido.