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La Xunta muestra su «indignación» por la decisión de prohibir la caza del lobo antes del 25 de septiembre

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La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha mostrado su «sorpresa» e «indignación» por la decisión de prohibir en toda España la caza del lobo antes del 25 de septiembre, después de que este miércoles el Ministerio para la Transición Ecológica haya publicado el proyecto de orden ministerial que modificará el decreto que regula el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

«El Ministerio obvia de un modo insólito a las comunidades loberas, sin consenso y sin apenas diálogo, cuando aún le quedan muchos deberes por hacer», censura.

En este sentido, la conselleira reprocha que el Ministerio saque un texto que «prestablece un calendario» sin haber realizado un trabajo «metódico» con las comunidades.

Asimismo, carga contra las formas del Gobierno central en relación con esta materia, dado que tiene sumidas a las comunidades autónomas «en una continua contradicción y en un continuo engaño».

CENSO DE LOBOS

Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente ha adjudicado este miércoles el contrato para la actualización del estudio poblacional del lobo ibérico en Galicia, por un importe de 63.600 euros, a la empresa Arena Asesores en Recursos Naturales.

El objetivo es actualizar los trabajos oficiales de censo que se hicieron entre los años 2013 y 2015, mediante la misma metodología que se empleó entonces para así poder hacer comparaciones.

Durante los meses de junio a octubre de este año se llevarán a cabo trabajos de campo mediante la realización de itinerarios de seguimiento, recogida de excrementos y estaciones de escucha para la detección de lobo ibérico en una superficie de cerca de 29.000 kilómetros cuadrados. Como primera actuación, el personal de la Consellería participará en los próximos días en jornadas formativas.

«Galicia considera imprescindible contar con esta información lo más actualizada posible, como necesario aval técnico y científico a cualquier decisión que pudiera ser adoptada en relación con la modificación del estatus legal de protección de la especie en su territorio, y no justamente al revés, que es lo que pretende el Gobierno central», subraya Ángeles Vázquez.

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