La Comisión para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado por mayoría, pero sin el apoyo de VOX, PP y Más País Verdes Equo, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que será remitido al Senado para continuar con su tramitación parlamentaria, al contar la comisión con competencia legislativa plena.

El texto legislativo ha contado con los 22 votos favorables de PSOE, UP, CS, EH-BILDU, PNV, ERC y Teruel Existe; 5 votos en contra de VOX y 10 abstenciones, las de los diputados de PP y Más País Verdes Equo.

Por su parte, el ditutado en el Congreso, Néstor Rego, ha presentado una enmienda transaccional al artículo 18 de la ley para exceptuar a las actividades vinculadas al sector pesquero y marisquero en el cómputo del plazo para concesiones. Sin embargo, PSOE, PP y Podemos han votado en contra, según se queja el nacionalista.

El pasado miércoles, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, ya anunció que la Xunta recurrirá al Tribunal Constitucional la Ley de Cambio Climático.

Esta norma está envuelta en una polémica a dos bandas entre el Gobierno central y la Xunta por su supuesta afectación al sector conservero e industrial del litoral gallego y, en concreto, a la situación de empresas como Ence en Pontevedra.

Hace tres semanas, las conselleiras de Mar y Medio Ambiente, Rosa Quintana y Ángeles Vázquez, remitieron una misiva a Ribera en la que mostraban su preocupación por este asunto. La Xunta considera que el artículo 18 de esta nueva ley «pone en riesgo» el futuro de las empresas situadas en la costa del sector mar-industria.

En respuesta, en una carta con fecha de 7 de abril –a la que ha tenido acceso Europa Press–, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha respondido a la Xunta que no considera que esta norma «vulnere la seguridad jurídica» ni que sea «inconstitucional». Así, lanza un mensaje «tranquilizador» a la industria del mar en relación con la concesiones, al tiempo que pide al Gobierno gallego no generar una «falsa sensación de alarma» que contribuye al «desconcierto» del sector.

«FALTA DE DIÁLOGO»

Durante el debate y la posterior votación, VOX ha mostrado su rechazo a esta ley porque según el diputado Francisco José Contreras el grupo tiene una visión «alternativa» a la del resto de los grupos.

Por su parte, PP se ha abstenido en la votación porque considera necesario seguir trabajando las numerosas propuestas al texto en su fase en el Senado, mientras que para Más País Verdes Equo sería «incongruente» votar a favor de una ley «falta de ambición» y que «defiende los intereses de los lobbies de las empresas». Aunque Cs había anunciado su abstención, finalmente ha votado a favor del texto.

En el debate parlamentario, todos los grupos de la oposición han coincidido en la «falta de consenso y capacidad de diálogo» del Gobierno de coalición en el debate de la ley que llegó hace prácticamente un año a la Cámara Baja, pero que se ha votado después de cuatro sesiones de la ponencia del texto, celebradas durante el mes de marzo.

Una vez superado el debate y la defensa de enmiendas y antes de dar paso a la votación, el presidente de la Comisión, Juan López de Uralde, ha interrumpido la sesión para solicitar el acuerdo de los portavoces de los grupos para que el diputado de ERC Joan Capdevilla votase desde su despacho, donde tiene que permanecer aislado tras detectarse un positivo en Covid-19 esta mañana en un compañero de partido.

Precisamente, una de las enmiendas que ha salido adelante había sido presentada por ERC y que establece que las zonas de bajas emisiones que deberán ser una realidad en 2023 serán obligatorias en municipios a partir de 20.000 habitantes cuando se superen los niveles límite de contaminantes del Real Decreto de mejora de la calidad del aire.

Otro acuerdo transaccionado en la Comisión es mantener los objetivos actuales de la ley pero se introduce una enmienda por la que se acuerda su revisión en el año 2023.

En concreto, los objetivos de la ley se fijan en el horizonte de 2030 una reducción de las emisiones de CO2 del 23 por ciento; una penetración de renovables en el consumo final de energía del 42 por ciento; un 74 por ciento de renovables en el conjunto del sistema eléctrico y un objetivo de eficiencia energética del 39,5 por ciento.

La Ley establece también el año 2040 como el fin de la matriculación de vehículos de combustión, con el objetivo puesto en alcanzar la neutralidad del parque móvil en 2050.

Los partidos que apoyan al Gobierno han consensuado con varios grupos parlamentarios entre ellos PP, ERC y Cs, crear en el plazo de seis meses tras la aprobación un grupo de expertos para analizar una reforma fiscal dirigida a plantear la fiscalidad verde. No obstante, los grupos han pactado que toda modificación en materia de fiscalidad verde irán «acompasadas con la situación económica».

Durante la votación de las enmiendas transaccionales han sido aprobadas las consensuadas por los grupos del Gobierno y una más, presentada por Más País Verdes Equo relativa a los mecanismos de participación ciudadana. Sin embargo, el resto de enmiendas de los grupos han sido rechazadas.

A la sesión de este jueves llegaron vivas el 90 por ciento de las 757 planteadas al proyecto de ley, según destacó el diputado del PP, Diego Gago, lo que en su opinión, es una muestra de la falta de diálogo demostrada por los partidos que apoyan al Gobierno en la fase de negociación.