La Federación Rural Galega (FRUGA) ha reclamado a la Xunta clarificar qué ataques corresponden a lobos, al tiempo que le ha pedido que asuma sus «responsabilidades» y no haga «dejación de sus funciones» tras la polémica surgida a raíz de la decisión del Gobierno central de incluir el lobo en la Lista de Especies de Protección Especial.
Por su parte, la organización animalista Libera reprocha a la Xunta «desinformación», mientras que el Grupo Campo Grande reclama la participación de los actores locales implicados en el grupo de trabajo anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
En un comunicado, FRUGA reclama la participación de esta organización en las reuniones y mesas de trabajo sobre este tema y piden saber con certeza «si todos los ataques atribuidos a las acciones de los lobos son realmente producidos por esta especie o bien podría ser que muchos de estos ataques, que son certificados como tal, se pueden deber al ataque de perros asilvestrados, perros de caza o que andan libres».
También preguntan a la Consellería de Medio Ambiente «si tiene estudios y trabajos hechos por la comunidad científica de que todas las poblaciones que se tienen como lobos lo son o si cabría la posibilidad de que alguna fuese de poblaciones hibrídas».
«No es fácil de entender que una problemática de este calibre, la Xunta pretenda dejarla en manos de los cazadores», señala en su comunicado en el que apela a buscar «puntos de encuentro» entre los distntos sectores.
«Partiendo de que los costes de la conservación del lobo no puede recaer sobre las espaldas de los sectores ganaderos, sino que tiene que ser responsabilidad de toda la sociedad». También insiste en que, al dejar de ser el lobo una especie cinegética, la «responsabilidad del control» es de la Consellería de Medio Ambiente.
POLÍTICAS PREVENTIVAS
Por otra parte, la organización animalista Libera denuncia una «campaña de desinformación» de la Xunta «contra el lobo ibérico y su nuevo estatus legal» que califica de «fácilmente desmontable si se atiende a las denuncias que realiza el propio lobby agroganadero, en donde se subraya que las actuales ayudas cubren apenas el 50% del valor del animal dañado».
Libera argumenta que «estas acciones mediáticas encaminadas a criminalizar al lobo tienen como objetivo desviar la atención sobre la falta de políticas preventivas útiles para garantizar esta convivencia pacífica». En este sentido, recalcan que «el Foro do Lobo es la única herramienta participativa, necesaria y abierta, que podría generar soluciones colaborativas como ya sucede en otros países europeos».
Mientras, afirma que «no hay evidencias científicas de que las batidas autorizadas en estos años por la Xunta de Galicia hayan aportado mejoras para los ganaderos y el número de daños que se notifican a través del 012 muestra un incremento que puede estar relacionado con múltiples factores».
PARTICIPACIÓN DE ACTORES LOCALES
Por su parte, el Observatorio Grupo Campo Grande para la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva (GCG) reclama que se incluya también la participación de otras redes y actores locales y valorar las propuestas que se elaboren colectivamente.
En este sentido, insiste en que «el modelo de gestión del lobo afecta a sectores muy diferentes, a distintos territorios y son muchos los agentes potencialmente interesados o implicados directa o indirectamente y que son imprescindibles para generar acuerdos paragarantizar la efectiva protección y la coexistencia del lobo ibérico y la ganadería extensiva».
