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Ecologistas cargan contra la Xunta por «favorecer los intereses empresariales» al simplificar trámites administrativos

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Las entidades ecologistas Verdegaia y ContraMINAcción cargan contra las reformas administrativas que pretende impulsar la Xunta con la simplificación de trámites administrativos, porque buscan «favorecer los intereses del sector empresarial».

A través de un comunicado, la asociación Verdegaia manifiesta sus sospechas acerca de estas modificaciones –como las de la ley de reactivación económica post-COVID que el Gobierno gallego prevé aprobar en noviembre–, en las que ve «una nueva herramienta para eludir los trámites ambientales».

Además, este colectivo denuncia que la Xunta quiere «que la financiación de esta reforma venga en buena medida de los fondos europeos» para paliar los efectos de la pandemia. «Criticamos esta forma de establecer prioridades, que pone el acento, como viene siendo habitual, en el lucro privado, en lugar de hacerlo en el bienestar público», añade.

Así, Verdegaia tacha de «mala noticia» esta reforma que, sin embargo, es un «llover sobre mojado», ya que otras leyes anteriores –como la ley gallega de implantación de iniciativas empresariales de 2017– «iban en la misma dirección».

De hecho, esta asociación pone el foco en proyectos «depredadores del territorio» y alertan de que «menos burocracia para empresas significará que no habrá tiempo suficiente de exposición pública, alegaciones y reclamaciones» para los afectados. Frente a ello, reclama que las tramitaciones sean «garantistas para el medioambiente».

En esta misma línea, el colectivo ContraMINAcción denuncia con otro comunicado que la Xunta quiere «acortar hasta un tercio» la duración de todo proceso «beneficiando a las grandes corporaciones empresariales eólicas y mineras».

En esta coyuntura, la plataforma aboga por poner «un poco de ‘sentidiño’ común en tiempos de coronavirus y más garantías ambientales para proteger los recursos naturales de Galicia», al tiempo que reclama la paralización de estas «políticas facilitadores» y que la Xunta utilice los fondos europeos «en la sanidad, en la recuperación y educación ambiental y en la enseñanza».

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