El Consejo de Ministros ha aprobado repartir entre las comunidades autónomas 19,8 millones de euros para proyectos de mejora de la gestión de residuos, la adaptación al cambio climático o la protección de la biodiversidad. El reparto fue acordado en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente del pasado 21 de septiembre y Galicia recibirá en distintas partidas en torno a 1,5 millones.
En concreto, se destinarán 9 millones de euros a actuaciones en la adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano; 5,8 millones para mejorar la gestión de residuos y reducir su contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 5 millones en la protección del espacio natural y la conservación de especies.
En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de fondos sobre las ayudas a la implantación de la política de residuos y el Plan de Impulso al Medio Ambiente (PIMA) de Residuos; las actuaciones correspondientes al PIMA Cambio climático, la dotación para las actividades financiadas por el Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y el reparto de fondos en Áreas de Influencia de los Parques Nacionales.
Las ayudas del PIMA Cambio Climático se dirigen a fomentar y apoyar la adaptación al cambio climático en el espacio urbano y periurbano, donde reside el 80 por ciento de la población española. Así, se destinan 9 millones a proyectos que potencien las sinergias entre las estrategias de adaptación y mitigación en la lucha contra el cambio climático a través de actuaciones piloto de carácter innovador y el desarrollo de proyectos e informes técnicos.
Los beneficiarios de estos fondos serán entidades locales y municipios con un tamaño inferior a 100.000 habitantes. Este PIMA, según el Gobierno, se ha diseñado para facilitar las actuaciones en las ciudades que se recogen en el marco normativo del gobierno de clima y energía, el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE), el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Algunas de las medidas que se llevarán a cabo con este presupuesto buscan integrar cambio climático e infraestructura verde en la planificación y gestión urbanística, la adaptación de edificios públicos para prevenir el exceso de calor y mejorar la eficiencia energética o el aumento de la biodiversidad urbana y la mejora de los hábitats dentro de estas zonas.
También, en esta misma línea de actuación se recogen las ayudas al diseño e implantación de Zonas de Bajas Emisiones con el fin de mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. En este caso, los beneficiarios serán municipios entre 50.000 y 100.000 habitantes.
La territorialización de los fondos aprobados se ha llevado a cabo en función de proyecciones climáticas -concretamente, de las necesidades de refrigeración en cada territorio-, del número de municipios menores de 100.000 habitantes y de la población en municipios menores de 100.000 habitantes, estableciéndose un máximo de 1 millón de euros y un mínimo de 100.000 para cada administración autonómica.
Al mismo tiempo, el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 5,87 millones de euros procedentes del PIMA Residuos y de las líneas presupuestas asignadas a la política de residuos a actuaciones para mejorar la gestión de los residuos para avanzar en los objetivos nacionales y europeos en esta materia así como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector.
Entre las actuaciones para implementar la política de residuos que se financian se incluyen proyectos de compostaje doméstico y comunitario y para la utilización eficiente de biogás, y en el marco de la línea del PIMA Residuos se financian actuaciones de recogida separada de biorresiduos, instalaciones de compostaje y de recogida de aceite de cocina usado para producción de biodiesel.
Las ayudas a residuos se destinarán a cinco tipos de actuaciones, como proyectos de recogida separada de biorresiduos, 1.850.000 euros; proyectos de compostaje doméstico y comunitario, 1.621.061 euros; proyectos de instalaciones de compostaje, 1.850.000 euros; proyectos de aceite de cocina usado: 300.000 euros y proyectos de biogás: 250.000 euros.
BIODIVERSIDAD Y PARQUES NACIONALES
Por otro lado, para la mejora en la protección del medio natural y de la biodiversidad se han movilizado un total de 5 millones de euros que se destinarán a conservación de especies en situación crítica.
En concreto, se destina un total de 1 millón de euros procedente del Fondo de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que estará dirigido a acciones de conservación de cuatro especies declaradas «En situación crítica»: el urogallo cantábrico, la cerceta pardilla, el visón europeo y la jara de Cartagena.
Concretamente, 453.852 euros se dedicarán a la conservación del urogallo cantábrico –y en concreto, a su nuevo centro de cría en Castilla y León–; 252.986 euros se centrarán en trabajos de conservación del visón europeo en La Rioja; 95.200 euros irán a tareas de conservación de la cerceta pardilla dentro de la Comunidad Valenciana; y 80.000 euros irán destinados a los trabajos de conservación de la Jara de Cartagena, en Murcia.
Asimismo, a la adaptación de tendidos eléctricos causantes de electrocución a las aves se destinará también un millón de euros, con el fin de evitar daños a la avifauna en Castilla y León, Galicia y las Islas Canarias. El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico destaca que estas ayudas son fundamentales para garantizar que las líneas eléctricas de alta tensión no supongan riesgo para las aves que se posen en ellas, ya que la electrocución en tendidos eléctricos es una de las causas más frecuentes de mortandad no natural de la avifauna.
Por último, se ha aprobado también el reparto de 3 millones de euros para promocionar el desarrollo sostenible en las áreas de influencia socioeconómica de los 15 Parques Nacionales que componen la Red, formada por 169 municipios en los que viven alrededor de 1,5 millones de personas. En esta iniciativa, que se desarrolla desde hace 20 años y en la que ya se han invertido 150 millones de euros desde 1999, constituye una pieza clave de la economía del medio rural, para cumplir con la integración de estos espacios en sus entornos socioeconómicos, de acuerdo con los principales objetivos de la Ley de Parques Nacionales.
