Colectivos englobados en ContraMINAcción han presentado alegaciones a un proyecto de explotación minera en los ayuntamientos ourensanos de Avión y Beariz (Ourense), donde la plataforma denuncia que «pretenden» otorgarle la concesión a la iniciativa «sin la preceptiva evaluación de impacto ambiental».

El proyecto, según explica la plataforma a través de una nota de prensa, «haría parte de un plan mucho más amplio artificiosamente fraccionado para evitar el trámite ambiental».

Por ello, ContraMINAcción critica la existencia de «dificultades y trabas para acceder a información ambiental» correspondiente a la administración de Minas.

Según apunta en el comunicado, en junio de 2018, una empresa creada el mismo año en que adquirió los permisos de investigación ‘Alberta I’, solicitó a Minas en Ourense la concesión de explotación de esos permisos para una explotación en las proximidades a los lugares de Doade, Acevedo y Rubillón, en Avión y Beariz.

«Para poder acceder a este expediente minero, ContraMINAcción tuvo que salvar innumerables trabas administrativas durante varios meses y presentar varios recursos y aclaraciones, a pesar de que la ley de acceso a la información ambiental señala que la información ambiental debe ponerse a disposición de quien la solicite en el plazo de un mes», apunta.

Además, añade que el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en la determinación del alcance del estudio ambiental de otra solicitud de explotación anterior «que comprendía parcialmente el mismo permiso de investigación, ya alertó sobre los riesgos de formación de aguas ácidas de minas y subsidencia por la proximidad de núcleos habitados, declarando a necesidad de someter el proyecto al trámite de evaluación de impacto ambiental».

Asimismo, menciona a la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), que, según dice, «para ese mismo proyecto solicitó que el estudio ambiental evalúe con detalle y rigor la presencia de torio y otros elementos radioactivos asociados a los minerales (tantalita y casiterita) que se pretenden explotar».

«OBVIAN EL RIESGO»

Según estos colectivos, la jefatura de la sección de Avaliación Ambiental «obvia totalmente el riesgo de producción de aguas ácidas de minas en la necesidad de drenaje y achique de los más de 5 kilómetros de galerías con una profundidad de hasta 300 metros bajo tierra».

A su juicio, «es más que probable la presencia de elementos radioactivos (como rubidio e cesio) que van extraídos, machacados, depositados en escombreras, sujetos a disolución e inyección en los lechos superficiales contaminando acuíferos y poniendo en riesgo al medio y a la población (particularmente a los trabajadores de la mina)».

Subraya, igualmente, que «la ley de evaluación ambiental determina que los proyectos cuyos minados se encuentren a menos de un kilómetro de núcleos urbanos que puedan inducir riesgos por subsidencia (o hundimiento de los terrenos) deben ser sometidos a la evaluación de impacto ambiental». Y «en este caso tenemos viviendas a menos de 300 metros».