La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dirigido este jueves una carta al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, con el fin de «desencallar» la situación en la que se encuentra el proyecto de regeneración de la ría de O Burgo (A Coruña).

Según han informado desde el ministerio, el organismo ha pedido a la Xunta, «desde el pasado mes de marzo» y a través de diversas instancias, que «acredite la inexistencia de autorizaciones vigentes para actividades de pesca y marisqueo en la zona». Se trata, apuntan, «de un requisito imprescindible» -recogido en la Ley de Contratos del Sector Público- previo a la licitación del proyecto de dragado ambiental de los sedimentos en la ría de O Burgo.

Con el fin de terminar de regenerar este enclave, en cuyo saneamiento el ministerio lleva invertidos hasta la fecha más de 110 millones de euros, se redactó el proyecto de dragado, cuya ejecución permitirá retirar el material que ahora contamina la ría, mejorando la calidad de sus aguas y fomentando la recuperación, productividad y calidad de los bancos marisqueros allí localizados.

El proyecto ha sido sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y cuenta con financiación a cargo de los Presupuesto Generales del Estado (PGE) y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Según ha explicado el ministerio, la Ley de Contratos del Sector Público requiere que con carácter previo a la aprobación del expediente de contratación y a la licitación de las obras se proceda al replanteo de los terrenos. «Es decir, debe comprobarse la situación exacta en la que están los terrenos afectados, con el fin de garantizar que están real y plenamente disponibles», apunta el ministerio en un comunicado.

Esta cuestión es «de especial relevancia» teniendo en cuenta que en la zona donde está proyectada la actuación de dragado «se desarrolla actividad marisquera en virtud de las autorizaciones otorgadas por la Xunta de Galicia».

La titularidad de los terrenos donde debe ejecutarse el proyecto -calificados como dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, de titularidad del Estado-, «no exime a la administración autonómica de su obligación de acreditar la inexistencia de actividades de marisqueo sobre dichos terrenos con anterioridad a la aprobación del expediente de contratación y a su licitación».