El desmantelamiento de la central térmica de Meirama, en Cerceda (A Coruña), generará 131.745 toneladas de residuos, según el informe de impacto ambiental publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Del total, la empresa encargada del proyecto, Naturgy, «reutilizará» 68.339 toneladas.

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental establece en la resolución que «no es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ordinaria» del proyecto porque no se prevén «efectos adversos significativos sobre el medio ambiente» y recuerda la obligatoriedad del cumplimento de las medidas preventivas establecidas en el documento.

Los principales residuos serán «pétreos y metálicos», con 90.295 y 37.063 toneladas, y el documento especifica que «se priorizará en todo momento la valorización frente a la eliminación».

El proyecto se desarrollará en tres fases y en las cinco áreas en las que se divide el complejo, cerrado finalmente el pasado 30 de junio después de 40 años de su conexión a la red eléctrica en 1980.

TRES FASES

En la primera fase del proyecto se realizará, según el documento, la limpieza de equipos e instalaciones y la retirada de aislamientos térmicos, cubiertas y otros elementos contaminantes.

En la segunda etapa, se procederá al desmontaje de los equipos industriales y a la demolición de las infraestructuras. Será una demolición, añade el informe, «controlada y planificada» con un «adecuado control de las emisiones a la atmósfera, una buena segregación de los residuos y una reducción del nivel de ruido generado». Finalmente, la última fase será de «actuaciones de adecuación de la parcela».

Durante los trabajos, Naturgy tomará medidas preventivas para evitar el «arrastre de tierras a la red fluvial» como la disposición de sistemas de retención, el control de acopio de materiales o protección o las redes de drenaje, así como evitar movimiento de tierras en días de lluvia.

Sobre contaminación atmosférica y acústica, el proyecto contempla «riego con agua de todas las áreas» para evitar las partículas en suspensión y un «seguimiento de la calidad atmosférica» tanto para los núcleos poblacionales cercanas como en el lago de As Encobras.

Además, según el informe, la maquinaria se colocará «lo más alejada posible de las viviendas más próximas» para evitar contaminación y se evitarán los trabajos por la noche. Las cinco áreas en las que se divide el recinto son las de instalaciones auxiliares, de almacenamiento, de producción, tratamiento de aguas y recepción y almacenamiento de carbón.

CONSULTAS

El Ministerio para la Transición Ecológica expone en el BOE las distintas instituciones y entidades a las que consultó el proyecto, entre las que se encuentran Ayuntamientos del entorno y distintos servicios de la Xunta, Diputación y servicios estatales, así como entidades ecologistas.

Así, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha contestado que el documento ambiental «cuenta con las medidas preventivas y correctoras adecuadas para mitigar los potenciales impactos indirectos sobre la salud», así como «un buen programa de vigilancia de dichas medidas».

En la misma línea, el Instituto de Estudos do Territorio, dependiente de la Xunta, ha señalado el impacto «positivo» que tendrá el desmantelamiento «a nivel paisajístico». Por el contrario, la Dirección Xeral de Enerxía e Minas, también de la Xunta, ha remitido un informe negativo «por no haber considerado los posibles impactos de carácter socioeconómico que supondrá el cierre de la central».

Por su parte, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente ha concluido, recoge el BOE, que «no resulta previsible que el proyecto pueda causar impactos significativos y es por tanto compatible con la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad», pero ha advertido que si durante las obras se detecta cualquier afectacion «se deberán tomar inmediatamente las medidas oportunas» para remediarlo.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Ordes pide «extremar» las medidas preventivas para «minimizar o evitar impactos en poblaciones cercanas» y el gobierno local de Cerceda, municipio directamente afectado, ha remitido un informe que señala «medidas preventivas y correctoras» que debe incluir el documento ambiental, en relación con el depósito de materiales y maquinaria, la reducción de la emisión de ruido, polvo y partículas a la atmósfera y la restauración de las zonas degradasas, entre otros aspectos.