El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un paquete de medidas en materia de alquiler que contempla la suspensión de los desahucios seis meses tras el fin del estado de alarma, la prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitual para evitar subidas abusivas, una línea de microcréditos avalados por el Estado o ayudas directas de hasta 900 euros tras la crisis, entre otros.

Así lo han anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, y la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2020, Pablo Iglesias, en la que han detallado las nuevas medidas del plan de choque del Ejecutivo contra el impacto económica del Covid-19.

Iglesias ha destacado que las medidas buscan ofrecer seguridad y protección a todas las personas para afrontar el impacto negativo de la crisis y ha subrayado las medidas para ofrecer el «derecho constitucional» de la vivienda, un bien «más imprescindible» ahora al ser la «trinchera» desde la que los ciudadanos se protege del virus, tras pedirles que permanezcan en casa para evitar contagios.

En concreto, se ha aprobado la suspensión de alzamientos sin alternativa habitacional hasta que se cumplan seis meses tras el fin del estado de alarma para que «nadie se quede sin casa durante la crisis», así como una prórroga extraordinaria de seis meses de los contratos de alquiler de vivienda habitacional para evitar subidas abusivas aprovechando el Covid-19.

Además, ha indicado que, conforma al real decreto-ley aprobado, quien caiga en situación de vulnerabilidad puede acogerse a un microcrédito que dará el estado a tipo 0 de interés, a devolver en 6 años ampliable a 10 en caso de dificultades.

A su vez, ha indicado que se recoge una definición «muy amplia» de los supuestos de vulenrabildiad para acogerse al sistema, sumado a facilidades para devolución de los mismos, lo que permitirá que un «gran número» puedan acogerse, por ejemplo para parados, trabajadores inmersos en ERTE o reducción de jornada o autónomos con ingresos reducidos.

Si después de la crisis se mantiene la vulnerabilidad, el Estado pagará la deuda de alquiler, ha detallado Iglesias, quien ha enfatizado que los grandes tenedores de vivienda «deben arrimar el hombro y hacer un esfuerzo como todo el mundo».

Por ello, tendrán que elegir entre realizar una quita del 50% o bien reestructuración de la deuda en 3 años para los afectados.