La Fiscalía mantendrá en el juicio que se celebrará contra Audasa, a partir del martes en el Mercantil 1 de Pontevedra, que debe reintegrarse el importe de los peajes cobrados de forma abusiva durante la ejecución de las obras de ampliación del puente de Rande, tal y como ya expuso en la demanda colectiva que presentó en diciembre 2018.

Según ha comunicado el Ministerio Público, en la vista mantendrá las tesis que le llevaron a formular la demanda por práctica abusiva, y que parten del hecho de que, entre el 27 de febrero de 2015 y el mes de junio de 2018, la ampliación de la autopista en ese tramo «afectó de forma relevante y constante al tráfico» y ocasionó «que la fluidez de la circulación disminuyera, siendo preciso emplear más tiempo del habitual para recorrer la misma distancia de autopista».

En esas circunstancias, en las que se sucedieron embotellamientos y retenciones «de forma constante y cotidiana», la concesionaria Audasa mantuvo el cobro íntegro del peaje, que incluso se incrementó a partir del 1 de enero de 2018.

Según la Fiscalía, el pago del peaje tiene el carácter de contraprestación porque se entrega a cambio de recibir una prestación, que es el uso en perfectas condiciones de fluidez, velocidad y seguridad de una vía de alta capacidad. En este sentido, considera «abusiva» la exigencia de la totalidad del importe del peaje «pese a tener completa constancia de que no se puede prestar el servicio en tales condiciones».

REINTEGRO DE LOS PEAJES

Por todo ello, ha confirmado que solicitará durante el juicio que se dicte sentencia por la que se declare nula la práctica consistente en cobrar íntegramente el peaje de la autopista en todo caso y que se condene a la demandada a «cesar en dicha práctica y a abstenerse de utilizarla en lo sucesivo en cualquier autopista que gestione en España».

También reclamará que se reintegre el importe de los peajes a los usuarios (excluidos conductores profesionales y empresas de transporte de mercancías o pasajeros) y que se les pague una indemnización del doble del importe de esos peajes.

Por otra parte, la Fiscalía ha recordado que ha presentado recurso oponiéndose a la personación en la causa de la Abogacía del Estado porque este procedimiento «se ciñe estrictamente al ámbito de la explotación comercial de la infraestructura por la concesionaria, desde la perspectiva civil y privada de sus relaciones con los usuarios».

«Esto determina que la Administración General del Estado no pueda tener interés directo y legítimo en el pleito, más allá de la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, posición que ya asume la Fiscalía», ha precisado el Ministerio Público.