Casi diez mil trabajadores del sector de la limpieza de la provincia de A Coruña, mayoritariamente mujeres, están llamados a la huelga este jueves 22 de abril, pero los sindicatos convocantes (CIG, CC.OO. y UGT) denuncian que, en la práctica, solo podrán ejercer su derecho en torno a un millar.

En rueda de prensa conjunta, portavoces de las tres centrales sindicales han anunciado que impugnarán la orden que publica este martes el Diario Oficial de Galicia (DOG), que establece los servicios mínimos en los centros dependientes de la Xunta durante el paro convocado para este jueves y también para los previstos para los próximos 11 y 12 de mayo.

Al mismo tiempo, han cargado contra la patronal porque la pandemia de la covid y la necesidad de desinfección de edificios y locales ha supuesto que «sube la facturación y sube el trabajo», pero con base en «más precariedad» puesto que la contratación se hace de manera «parcial».

El conflicto reside en la necesidad de renovar el convenio colectivo para el sector en la provincia de A Coruña, puesto que el actual caducó el 31 de diciembre de 2019, las otras tres provincias gallegas tienen uno en vigor sin caducar.

La mesa de negociación iba a constituirse en marzo de 2020 pero el estallido de la epidemia de coronavirus provocó un retraso hasta septiembre, mes en el que empezaron las reuniones entre la parte sindical y la patronal, hasta diciembre, cuando se rompieron las conversaciones.

La patronal, según los sindicatos, ofrece un mantenimiento de los sueldos (0%) en 2020 y una subida del 1% en 2021, mientras que los representantes de los trabajadores reclaman un 1,5% y un 2%, respectivamente. «¡Mira qué burrada!», ha ironizado el portavoz de la CIG, Paulo Rubido, en la rueda de prensa.

Junto a él, la representante de CC.OO., Alejandra Gesto, ha cifrado en unos 8.500 euros anuales lo que cobran de media las mujeres de la limpieza, en un sector altamente feminizado y «de los más precarizados del mundo laboral». El promedio retributivo, incluyendo a hombres, que en su mayor parte sí tienen contratos a tiempo completo, sube a unos 14.000 euros al año, de acuerdo con sus datos.

Tanto Rubido como Gesto y también el portavoz de UGT, Juan Carreira, han llamado la atención sobre que se trata de trabajadores que han estado «exponiéndose en toda la pandemia» y a los que se apela, más hoy en día, como un servicio «esencial». Sin embargo, en casos están «comprando ellas mismas sus propios EPI, gastando en combustible…», han criticado.

De ahí que esta huelga «es por dignidad» y «la administración pública tiene mucho que decir», ha remarcado la portavoz de CC.OO. «No puede ser que la patronal se llene los bolsillos con la pandemia y por otra parte cierre los bolsillos a la hora de pagar los sueldos», ha recriminado.

Los sindicatos aseguran que «con el argumento de la covid» los empresarios «querían recortar derechos», con la pretensión de eliminar artículos del convenio como el referido a la posibilidad de ampliación de la jornada. Algo a su juicio «vergonzoso» y con lo que, en suma, «están atacando a las mujeres».

Conscientes de que el servicio de limpieza es «más necesario que nunca», han anunciado «más jornadas de huelga» más allá del 12 de mayo en caso de no ser atendidas sus demandas.

SERVICIOS MÍNIMOS «IMPRESENTABLES»

En cualquier caso, han acusado a la Xunta de ponerse «del lado de los poderosos» con unos servicios mínimos que «imposibilitan de facto poder ejercer el derecho constitucional de la huelga» y unas «condiciones impresentables».

Critican, al respecto, que «no es de recibo que el Sergas» sí atienda sus alegaciones y limite las tareas a aquellas relacionadas con las desinfecciones «mientras, el departamento de Alfonso Rueda, Vicepresidencia, no contempla para nada esta situación y prevé una limpieza normal».

Esta huelga «podría afectar a 10.000 trabajadores» que «están en todos los sitios, en los portales, en los colegios, en las empresas, en los centros de salud», ha constatado Carreira.

Sin embargo, los servicios mínimos, que hablan de una horquilla entre el 50% y el 100%, al entrar en el detalle de la relación de centros, llevan a los sindicatos a concluir que «se permite escasamente a un 10% del sector» secundar la huelga, en torno a un millar «escaso» de personas que desarrollan sus labores en viviendas y «algún centro fabril».

Y es que, según Rubido, los servicios mínimos son del 100% en centros educativos y de salud y en instalaciones de la Xunta como la Cidade da Cultura, al aludir, en este último caso, a que es un centro de vacunación y pese a que ahí se amplió la plantilla precisamente para atender esa circunstancia.