La Xunta ha solicitado formalmente al Gobierno central que el ejecutivo gallego pueda asumir la gestión del Pazo de Meirás una vez sea entregado por la familia Franco. Esta petición se trasladó la semana pasada, cuando el Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña acordó la ejecución provisional de la sentencia que declara que este bien como propiedad pública y ordena a los herederos del dictador su devolución el próximo 10 de diciembre.

El conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, ha confirmado este sábado que el Gobierno gallego se puso en contacto con los Ministerios de Cultura y Hacienda para que Galicia pueda asumir la gestión del bien como patrimonio público mientras no finalice el proceso judicial.

Rodríguez ha defendido que la comunidad autónoma ha demostrado una vía de acción fundamentada en el «consenso y el rigor», buscando «primar el interés general», y que la Abogacía del Estado siguió la estructura jurídica impulsada desde la Xunta parra lograr recuperar este espacio para los ciudadanos.

Es por ello que la comunidad está «en disposición» de gestionar el recinto, ha insistido, y de diseñar una serie de usos de carácter cultural para devolver el Pazo a sus orígenes y a sus vínculos como «cuna de grandes intelectuales» de la Galicia moderna y contemporánea.

A pesar de ello, ha apelado a la prudencia, puesto que todavía hay que revisar el estado de todos estos bienes que se encuentran en su interior, aunque en su momento, cuando se tramitó la declaración BIC del inmueble, se hizo una catalogación del inventario inicial con todos los elementos que contenía el edificio.

PROTECCIÓN DE LOS BIENES

No obstante, ya hay voces apremiando a las autoridades de la urgencia de ejecutar la sentencia cuanto antes y de proteger los bienes y obras de arte que se encuentran en el interior del Pazo.

El diputado del BNG Luís Bará ha advertido de una operación de mudanza en la que participan entre cuarenta y cincuenta camiones de transporte en la que se están trasladando numerosos cuadros, tapices y todo tipo de elementos de la biblioteca de Pardo Bazán desde Meirás a propiedades de los Franco.

Es por ello que los nacionalistas gallegos solicitan a la Xunta que demande la aplicación de medidas cautelares al juzgado para garantizar y salvaguardar la inmobilización de todos estos bienes que forman parte del patrimonio público y que son fruto del «expolio franquista». GESTIÓN DE VISITAS

Por su parte, el Ayuntamiento de Sada ha propuesto un convenio de colaboración entre las diferentes administraciones de cara a abrir el Pazo al público en el plazo más breve posible como centro de recuperación de memoria histórica y de estudio de la vida y obra de Emilia Pardo Bazán, entre otros usos.

Este convenio interadministrativo definiría la gestión de usos y la financiación necesaria para este periodo transitorio, mientras el fallo no se afirme. El gobierno local se ofrece, de nuevo, a gestionar las visitas al inmueble y garantizar su accesibilidad a todos los ciudadanos, poniendo fin «a la vergüenza» perpetrada por los herederos del dictador.