La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado las denuncias que se habían presentado contra el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès (ERC); la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez; y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, por posibles injurias a la Corona tras sus respectivos comentarios al conocerse la marcha de España del Rey emérito.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el Ministerio Público entiende que las palabras de los tres líderes políticos se enmarcan en el terreno de la crítica y de la libertad de expresión, motivo por el cual considera que sus comentarios no son merecedores de reproche penal.

Ana Pontón hizo manifestaciones como «no hay incienso ni Botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real» y dijo que no pararían hasta que los Borbones sean juzgados «por ladrones y por corrupción».

Después de que la Casa Real anunciara la marcha de España de Juan Carlos I, Aragonès dijo que «los Borbones son una organización criminal», «la Monarquía solo puede ser corrupta por definición» y «hay que hacer caer este régimen y esta Monarquía». Por su parte, Teresa Rodríguez afirmó que «Juan Carlos I es un ladrón, pero su hijo Felipe VI también», «los ricos nos roban y la Monarquía puede hacerlo impunemente» o «la Monarquía es corrupta hasta el tuétano».

La Fiscalía ha estudiado los hechos y ha optado por seguir el criterio que ya marcó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que entiende las manifestaciones contra la Corona o, en este caso, contra miembros de la Familia Real se circunscriben en el «ámbito de la crítica o disidencia política» y «corresponde a la expresión de un rechazo a la Monarquía como institución».

DOS SENTENCIAS DEL TEDH CONTRA ESPAÑA

Así lo dijo, por ejemplo, en la sentencia en la que condenó a España por los 15 meses de cárcel a los que fueron sentenciados dos jóvenes en la Audiencia Nacional por quemar fotos de los Reyes. Desde entonces, este tribunal ha venido siguiendo este mismo criterio del tribunal de Estrasburgo.

Según dictó el TEDH en aquella ocasión, la quema de fotos puede entenderse como una «forma de expresión de una opinión en el marco de un debate sobre una cuestión de interés público, a saber, la institución de la Monarquía».

Estrasburgo también condenó a España por la sentencia al ahora líder de EH Bildu Arnaldo Otegi por llamar al Rey «responsable de los torturadores», expresión que no supone, en su opinión, un discurso de odio ni animar al uso de la violencia, sino un mero juicio de valor.

El tribunal europeo criticaba la «sobreprotección» de la legislación española respecto a la figura del Rey y explicaba que el hecho de que el monarca ocupe una «posición de neutralidad en el debate político, una posición de árbitro y de símbolo de la unidad del Estado», no implica que se le daba poner «al abrigo de todas las críticas en el ejercicio de sus funciones oficiales».

Las denuncias contra Aragonès, Rodríguez y Pontón fueron presentadas por Concordia Real Española, una asociación recientemente constituida y conformada por «empresarios preocupados por la deriva política» del país y cuyos «valores» son «la Constitución y la tradición española», tal y como explicaron ellos mismos a Europa Press.