Un total de 1.023 empleadas y empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) están colaborando de forma voluntaria en áreas de carácter sanitario, sociosanitario y de protección de colectivos vulnerables, de ellos un total de 46 en Galicia, según informa la Delegación del Gobierno.
Lo están haciendo acogiéndose a la disposición del Real Decreto-ley 11/2020, sobre medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
De estos voluntarios, hay 489 empleados y empleadas públicos destinados en Madrid, donde hay un mayor número de efectivos de la AGE, pero también hay voluntarios que trabajan en otros territorios, por ejemplo, 109 de Andalucía, 52 de la Comunidad Valenciana, 52 de Asturias, 48 de Castilla y León, 46 de Cataluña, 46 de Galicia y 42 de Aragón.
El personal que presta esta colaboración, como consecuencia de la situación provocada por el COVID-19, sigue percibiendo sus retribuciones íntegras en el organismo de origen, sin ver modificada su situación administrativa o contrato de trabajo mientras dure la declaración del estado de alarma.