La Xunta destinará un total de ocho millones de euros en ayudas a trabajadores y empresas en Expediente de Regulación Temporal de Empleo y a empleados mayores de 55 años afectados por la extinción de su contrato.

Se trata de una de las medidas adoptadas en el marco de los acuerdos del diálogo social entre la Administración autonómica, patronal y sindicatos, según destaca la Xunta en un comunicado en el que subraya que el presupuesto final es «el doble» del inicialmente previsto.

«Hoy, más que nunca, desde la Administración, los sindicatos y la patronal queremos estar con las personas que se están viendo más afectadas por la situación económica y laboral de estos momentos», ha señalado el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, al término de la reunión telemática celebrada este jueves.

El programa está dividido en dos líneas: por un lado, 6 millones de euros en ayudas a ERTE que afecten a más de 300 trabajadores y, por otro, 2 millones a pesonas mayores de 55 años que estén afectadas por la extinción de contratos en empresas en crisis.

La primera de las líneas está orientada a compensar la pérdida adquisitiva de los empleados y también a la empresa por los costes de formación, según detalla la Consellería de Economía.

En la segunda línea se establecen, a su vez, otros dos programas: uno de financiamiento de las cuotas a ingresar por convenio especial que esté suscrito o suscriban; y otro de pago único dirigido a compensar la disminución del importe de la indemnización reconocida.

El conselleiro ha resaltado el «consenso» del que nacen medidas como esta y ha señalado el diálogo social como «el único camino posible para lograr la reactivación económica y del mercado laboral en Galicia».

UGT SALUDA EL ACUERDO

Por su parte, UGT ha saludado la decisión de incrementar el presupuesto de la medida, ya que consideran que «en la actual coyuntura todos los esfuerzos son pocos para no dejar a nadie en el camino».

En este sentido, el sindicato ha incidido en que «los trabajadores y sus familias no pueden otra vez ser los que paguen esta crisis» después de hacerlo en la de 2008, por lo que se ha comprometido a trabajar «en todos los contextos» para evitarlo.