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Casado lamenta los despidos y dice que ya exigió hace meses a Sánchez defender la industria electrointensiva

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El presidente del PP, Pablo Casado, ha lamentado este jueves que Alocoa anuncie del despido de medio millar de trabajadores y ha recordado que en diciembre de 2019 y marzo de este año se reunió con su comité de empresa para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que «deje su sectarismo ideológico» y defienda la industria electrointensiva.

Alcoa ha comunicado este jueves que abre un periodo informal de consultas por el despido colectivo de un máximo de 534 empleados de su planta de aluminio primario de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo), debido a su producción «ineficiente» y su situación «insostenible».

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, el presidente de los populares ha lamentado que Alcoa anuncie el despido de 534 trabajadores y ha recordado que su partido ya venía alertando de esta posible situación desde hace un año.

«En diciembre y en marzo me reuní con su comité de empresa para exigir a Sánchez que deje su sectarismo ideológico y defienda la industria electrointensiva, esencial para Galicia y toda España», ha manifestado.

Según explica la compañía en un comunicado, los problemas «estructurales» de altos costes de energía y el bajo precio del aluminio, junto con el exceso de capacidad global, «han causado significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen». Todo ello, ante una serie de problemas «externos» de producción y de mercado que han hecho que la fábrica «no sea competitiva».

VISITA A ALCOA EN MARZO

El pasado 5 de marzo, en plena precampaña electoral de las gallegas fijadas para el 5 de abril que luego fueron suspendidas por el coronavirus, Casado se reunió con los representantes de los trabajadores de Alcoa.

En una breve declaración ante los medios en la planta de Cervo se comprometió a apoyar un decreto ley impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez que incluya un estatuto para las industrias electrointensivas que recojan todas las demandas, inclusive las alegaciones de los gobiernos de la Galicia, Asturias y Cantabria.

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