El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao José Antonio Zan, ha reclamado al Gobierno central que «sea valiente» e intervenga la compañía, tras comunicar este jueves que prevé el despido colectivo de 534 trabajadores de la planta de aluminio.
En declaraciones a Europa Press, Zan (CC.OO.) ha dejado claro que el Gobierno «puede intervenir la empresa y quedarse con una parte del accionariado», por lo que le pide que «se ponga a legislar» tras «la falta de respeto por parte de la empresa», pues «es vergonzoso cómo se comporta Alcoa».
Asimismo, emplaza al Gobierno central a hacer «su trabajo» y poner en marcha un estatuto para las empresas electrointensivas «que sea una solución y no un problema». «Si el gobierno de España tiene que intervenir la empresa unos meses o incluso años que lo haga», afirma este representante de los trabajadores, pero la fábrica «tiene que seguir funcionando», ya que la considera viable.
Avisa de que si cae Alcoa en San Cibrao, «caerá el resto del aluminio en España». Por ello, el Gobierno «debe defender a su país y su industria».
El comité de empresa urge «un marco estable para poder funcionar», y ahora mismo es «el Gobierno quien tiene métodos de sobra para poder solucionar el problema». «Si Alcoa no quiere seguir que se solucione vía una intervención», con «una salida para que el marco estable esté funcionando y se tenga con quien seguir».
José Antonio Zan recuerda que Alcoa fue «la primera empresa nombrada como esencial tras el decreto del estado de alarma» y que debía «seguir manteniendo su producción». El responsable de los trabajadores dijo que no se trata solo del despido de más de 500 trabajadores, sino de «si el gobierno quiere tener un sector primario fuerte o no».
«Estamos hablando de que si queremos que los médicos y los hospitales sean los mejores para eso hace falta dinero, y para tener dinero hay que invertir en industria y en el sector primario», asevera.
UGT Y CIG TAMBIÉN DEFIENDEN LA INTERVENCIÓN
Por su parte, la Federación de Industria de UGT ha mostrado su «total oposición» al cierre de la planta de aluminio de Alcoa San Cibrao en un anuncio realizado «en plena alerta sanitaria», «lo que va a provocar el hundimiento económico de toda la provincia de Lugo, dado que el cierre de la factoría supone la caída del 25% del PIB».
«Si finalmente se produce, este cierre perjudica seriamente a todo el sector industrial español, ya que nuestro país no dispondrá de ninguna capacidad productiva de aluminio primario y, como se ha demostrado en esta pandemia, depender de terceros países para tener este suministro industrial fundamental conlleva no garantizar el abastecimiento de los procesos productivos en sectores claves paraa nuestra economía como el automóvil, la construcción, la alimentación», sostiene.
UGT también defiende la intervención de la actividad industrial del Grupo Alcoa, incluyendo tanto la producción de aluminio primario como la planta de alúmina, tras los «continuos chantajes» del grupo en los últimos años.
En esta línea, la CIG apuesta por una intervención y «el retorno al ámbito público» del sector del aluminio, tanto de la fábrica de San Cibrao como de a Coruña.
El secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, que ha acudido a la reunión de este jueves, recuerda que hay una informe de la Universidade da Coruña –elaborado a petición del sindicato– que avala la legalidad y viabilidad de la adquisición, que se podría materializar a través del SEPI.
Junto a esto, Carril subraya ha trasladado al presidente de Alcao España, Álvaro Dorado, que la CIG «no consentirá» que Alcoa aplique estos recortes en la producción y el empleo, mientras insta a la Xunta y al Gobierno a «no colaborar con esta lógica destructora de Alcoa».
