El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha censurado que «el Gobierno tuvo más de un año para evitar el cierre de Alcoa y no lo hizo pese a sus promesas».

Así se ha manifestado en un mensaje por redes sociales después de que Alcoa haya comunicado que abre un proceso informal de consulta para el despido colectivo de un máximo de 534 trabajadores de su planta de aluminio de San Cibrao, en el municipio de Cervo (Lugo).

Con todo, el titular del Gobierno gallego asegura que «sigue habiendo un margen de semanas para evitar este golpe a más de 500 familias, a A Mariña, a Lugo y a Galicia». «No están las cosas como para perder empleos que podrían salvarse», afirma.

Según explica la compañía en un comunicado, los problemas «estructurales» de altos costes de energía y el bajo precio del aluminio, junto con el exceso de capacidad global, «han causado significativas pérdidas recurrentes, que se prevé que continúen».

CONDE AVISA DE QUE LA SOLUCIÓN «DEPENDE DE UNA DECISIÓN POLÍTICA»

Por su parte, el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha lamentado que «la inacción el Gobierno tiene consecuencias», por lo que ha mostrado su apoyo a los trabajadores en «momentos de especial dificultad» y «dureza», aunque «no hay explicación posible que trasladarles».

En esta línea, Conde carga contra la «falta de compromiso y de respuesta» del Ejecutivo central para conseguir un precio «competitivo» de energía con el que producir aluminio «primario».

Sin embargo, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez «tiene la última oportunidad» de «realmente rectificar», pues la solución «depende de una decisión política» como es ofrecer un precio eléctrico «competitivo».

Recuerda que «países como Francia y Alemania» están «apostando por la industria», «adoptando decisiones desde el punto de vista del precio eléctrico», mientras aquí se está «abocando al cierre» con un impacto en más de 500 familias que «dependen de una decisión del Gobierno».

A este respecto, el conselleiro de Economía remarca que «llevan más de un año y medio» a la espera de que el Ministerio de Industria «pueda asumir las alegaciones de la Xunta» al estatuto para las industrias electrointensivas.