La última mesa sectorial de educación “se celebró porque los sindicatos presionaron” y aun así, la Xunta tomó la decisión unilateral de reanudar las clases de manera voluntaria para los alumnos, obligatoria para los profesores (excepto que tengan menores de 13 años o personas dependientes a su cargo). Los colectivos docentes y de familiares no están seguros de que los centros educativos reúnan todas las garantías higiénico-sanitarias. Es más, temen que pueda haber algún rebrote que “si ocurre denunciaremos directamente a la conselleira de Educación y al presidente de la Xunta con nombres y apellidos”, dicen fuentes sindicales.
El RIESGO DE CONTAGIO
La ANPE (Confederación de Anpas Gallegas) señalaba en un comunicado que la Consellería de Educación permanece a la espera de que “alguien asuma las responsabilidades que tiene ese departamento”, ante la situación sociosanitaria actual. Aunque apoyaron la decisión de que los alumnos que se vayan a presentar a las ABAU “retomen las clases presenciales para su preparación, siempre fue con el compromiso de las máximas garantías de seguridad”.
Las garantías de seguridad estarían en que el alumnado no esté expuesto a posibles contaxios. “Es una irresponsabilidad pretender dejar esta labor en las manos del alumnado en una situación tan grave como esta”. Luz López, de CCOO, apunta a la falta de evaluación de riesgos y por tanto “no se dan garantías sanitarias” para alumnos y profesores.
El alumnado que asista a las aulas deberá hacerlo con su máscara. “Y que hago si un alumno se me presenta sin máscara?, le dejo pasar o no?” dice Paula Carreiro de UGT. La pregunta le fue formulada a la conselleira Carmen Pomar quien respondió: “el profesorado sabe gestionar esas cosas”. Carreiro matiza que “el profesorado no está todo el día leyendo los documentos oficiales para saber como actuar, es imposible”.
“No puedes dejar un centro con un solo paquete de veinte máscaras” dice Lois Pérez de STEG. La falta de material en algunos casos fue suplida con los presupuestos que tenían cada uno de los centros. “Tampoco todos los centros tienen el personal de limpieza necesario, profesionales que garanticen la higiene correcta” debido a las bajas o a las exenciones.
La CIG por su parte, en un comunicado emitido el pasado jueves 21 de mayo, acusaba de temeraria la actuación de la Xunta. “La reincorporación de forma general para los cursos afectados y no excepcional puede poner en riesgo a salud de familias completas”. Junto a esto, apuntan una falta de concreción en el protocolo de medidas sanitarias para el pofesorado, como por ejemplo “cuando en un apartado se excluye a mujeres embarazadas y personal mayor de 60 de la relación de grupos vulnerables y en otro apartado sí aparecen”.
Además de todo lo dicho, desde UGT creen que las aportaciones de material, además de insuficientes, llegan tarde. En principio se espera la llegada de equipos de higiene para este viernes 22 de mayo. Este material llega solo dos días antes de la reincorporación a las aulas. Hasta ahora, eran los directores los que ponían ese material.
CAMPAÑA ELECTORAL
Todas las fuerzas sindicales coinciden en que el clima preelectoral está condicionando las respuestas del gobierno Feijóo, incluyendo el sector educativo. Entre otras pruebas está la actitud de culpar al Gobierno central por la falta de medidas específicas para la seguridad sanitaria de institutos y colegios. “Todas las competencias de educación están en manos de la Xunta de Galicia” dice Paula Carreiro, que explica los ataques del gobierno Feijóo contra lo ejecutivo central “por el clima preelectoral y porque el Gobierno central está del otro lado”.
“Es como si el presidente de la Xunta quisiera llamar la atención” dice Luz López. La representante de CCOO teme que ahora las cosas toman un color, pero después de septiembre, “después de las elecciones, cuando los políticos marchen de vacaciones”, el curso escolar comience “con todo el trabajo sin hacer, todo por una postura electoralista”.
STEG, por boca de Lois Pérez, va más allá apuntando que la vuelta precipitada a las aulas “obedece a una intencionalidad política en vez de a la seguridad laboral y a la salud de la comunidad educativa”. No obstante, Pérez analiza un poco más y ve también una “filosofía” detrás de las posturas de Feijóo que obedece a una acción de propaganda sobre la eficacia de su gobierno “cuando lleva diez años de recortes en la enseñanza pública y renovando conciertos educativos”.
En su comunicado, la CIG destaca que ante del “despropósito de la Consellería y el caos que va a ocasionar en el alumnado y profesorado” la reincoporación a las aulas, preguntan por la prisa de dicha reincorporación, remarcan la ausencia de ventajas o mejoras visibles o que “estamos solo ante la apariencia de una falsa normalidad”. Delante de esto, concluyen que “con seguridad y por desgracia, todas las respuestas pasan por el interés del actual presidente de la Xunta en una fecha, el 12 de julio”.
Si las actuales circunstancias suponen un agravamiento de las condiciones laborales del profesorado, que ahora tendrá trabajo doble con teleformación y enseñanza presencial, además de un posible rebrote de la COVID-19 por culpa de la asistencia a las aulas, Paula Carreiro no descarta que se presente “un otoño caliente”.
