La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha dictado un auto por el que estima parcialmente el recurso presentado por la defensa de Segundo C.V., un salesiano de Vigo investigado por abusos a menores, y decreta su puesta en libertad provisional bajo fianza de 12.000 euros, al entender que «se ha mitigado» el riesgo de reiteración delictiva.

Este sacerdote, que ejercía funciones en un colegio salesiano de Vigo, fue detenido en julio del año pasado, después de que varios menores denunciasen supuestos abusos por su parte en un campamento de verano que tenía lugar en Cambados (Pontevedra).

Segundo C.V., que fue apartado de sus funciones por el Colegio, ingresó en prisión pocos días después, investigado por abusos sexuales a varios menores. Aunque su defensa solicitó en varias ocasiones su puesta en libertad, los tribunales se la habían denegado hasta ahora.

El pasado 30 de marzo, el juzgado de instrucción de Cambados que investiga los hechos volvió a denegar la excarcelación del sacerdote, y su representación legal interpuso recurso de apelación, que ahora la Audiencia ha estimado parcialmente.

La defensa argumentó su petición alegando que no hay riesgo de fuga y que el investigado tiene arraigo en Cambados, donde vive su familia. Asimismo, pidió que se tuviera en consideración el tiempo que ya ha pasado en prisión (más de 9 meses), y que el hecho de estar en la cárcel, con la pandemia de coronavirus, podría suponer un riesgo adicional, ya que padece asma.

ARGUMENTOS DE LA AUDIENCIA

Por su parte, el tribunal provincial ha rechazado que la emergencia sanitaria por el COVID sea un factor determinante y tampoco cree que las medidas de confinamiento por el estado de alarma reduzcan el riesgo de fuga, ya que es notorio que muchos ciudadanos «las incumplen».

En todo caso, sí ha aceptado que existen «medidas menos gravosas» que la privación de libertad para este investigado, y ha tenido en cuenta el tiempo que ya ha estado en prisión, así como el hecho de que ya no pueda ejercer actividad docente o de otra índole con menores. Todo ello, ha concluido «mitiga el riesgo de reiteración delictiva».

Así, la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha resuelto estimar parcialmente el recurso y decretar la libertad provisional, condicionada al pago de una fianza de 12.000 euros.

También ha acordado otras medidas, como la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional, o de acercarse a sus víctimas, y la obligación (cuando se levanten las restricciones) de comparecer semanalmente en el juzgado.